- Los funcionarios públicos, por su propia naturaleza y por el cargo que ocupan, están bajo escrutinio. La crítica (cuando es verídica, razonada y de interés social) no debería incomodarlos: es parte de su responsabilidad pública
La publicación en el Diario Oficial de la Federación de la nueva ley para combatir la extorsión representa, en principio, un avance necesario frente a uno de los delitos que más lastiman al país. La extorsión no se detiene y afecta a comercios, familias, periodistas, activistas y prácticamente a cualquiera que sea vulnerable ante grupos criminales, un fenómeno que se ha vuelto especialmente alarmante.
Pero una consecuencia indirecta y cada vez más evidente de este fenómeno es el robo constante de datos personales, utilizados para extorsionar, intimidar, amenazar o manipular a la ciudadanía. En ese sentido, fortalecer los mecanismos de seguridad en las bases de datos, tanto de particulares como de autoridades, debe ser una prioridad.
Sin embargo, dentro del nuevo marco legal existen artículos que, de acuerdo con periodistas y organizaciones civiles, podrían coartar la libertad de expresión.
De acuerdo con la organización Artículo 19, la Ley General en Materia de Extorsión contiene disposiciones que podrían utilizarse para limitar o castigar la cobertura periodística. Los artículos 15 y 17, en su fracción V, son particularmente ambiguos, y quienes tengan otras intenciones podrían utilizarlos contra la libertad de expresión. Leopoldo Maldonado incluso aseguró que la redacción de esta fracción era más grave en el dictamen inicial porque señalaba directamente a los medios de comunicación, lo que abría la posibilidad de aplicarles sanciones penales de manera injustificada.
Lo hemos hablado en diversas ocasiones en este espacio y también desde el extinto INAI: seguiremos defendiendo la libertad de expresión. Las modificaciones recientes a estos derechos (impulsadas por reformas legales y por la transformación del andamiaje institucional construido durante las últimas dos décadas) han generado retrocesos y mantienen una alarma constante sobre el derecho a saber y, en general, sobre las libertades informativas.
El origen de esos institutos se dio en un contexto en el que se ocultaban datos oficiales y se perseguía a quienes investigaban temas sensibles. No se garantizaba el derecho a la libertad de expresión ni el derecho a la información establecido en el Artículo Sexto constitucional. Ése fue, en su momento, el reclamo de varios actores desde la sociedad civil y todas las expresiones políticas. Afortunadamente vinieron reformas importantes, entre ellas la creación de un instituto con autonomía técnica, el INAI (antes IFAI), que protegía datos personales cuando se vulneraban (como en el caso de los datos biométricos que se intentaron usar sin consentimiento) y defendía la información pública ante la intención de esconderla. Ese instituto se convirtió en un aliado fundamental del acceso a la información y del periodismo de investigación.
Pero hoy, con la eliminación de este órgano autónomo, la preocupación crece, especialmente frente a nuevas leyes que, en el fondo, parecen alejarnos del derecho que hace apenas dos décadas se reclamaba con tanta fuerza.
La inquietud sobre los artículos mencionados radica en que su redacción es ambigua. Su interpretación, por parte de alguien a quien incomode la crítica pública, podría volverse riesgosa: los conceptos utilizados en la fracción V darían margen para perseguir a actores que realizan trabajo periodístico o crítico.
Con criterios tan vagos, cualquier cobertura, investigación periodística o crítica legítima podría ser denunciada como “extorsión”, incluso cuando se trate de información de interés público, como lo marca la Ley de Transparencia.
Imaginemos que un funcionario, molesto por una nota, pueda acusar a un medio de “obligarlo a tolerar” una crítica. Un trabajo periodístico que busca fortalecer la transparencia podría entonces interpretarse de forma retorcida como motivo para una acusación injustificada.
Gracias al periodismo de investigación, la sociedad puede conocer lo que sucede en el país, en su estado y en su municipio. Se documentan actos de corrupción, abusos de poder, uso indebido de recursos, violaciones a derechos humanos y decisiones que afectan a toda la ciudadanía.
Los funcionarios públicos, por su propia naturaleza y por el cargo que ocupan, están bajo escrutinio. La crítica (cuando es verídica, razonada y de interés social) no debería incomodarlos: es parte de su responsabilidad pública.
Combatir la extorsión es indispensable, por supuesto. Es una preocupación mayúscula para la ciudadanía; es urgente.
Pero no debe abrir la puerta a la censura ni permitir que un concepto ambiguo se convierta en herramienta para silenciar voces críticas.
México necesita seguridad, sí. Pero también necesita prensa libre.
