La ex secretaria de Gobernación cuenta con 17 concesiones agrícolas que suman un millón 224 mil 500 metros cúbicos anuales
En 2020 obtuvo una concesión adicional por 228 mil metros cúbicos al año para extraer agua subterránea en General Terán, Nuevo León
Con la concesión de su esposo, el volumen total del grupo familiar supera los 2.6 millones de metros cúbicos al año
Desde 2018, cuando se preparaba para asumir como titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en el Gobierno de la República, Olga Sánchez Cordero comenzó a acumular un número significativo de concesiones de agua para uso agrícola. El 9 de noviembre de ese año le fueron otorgadas 14 concesiones de agua en un acuífero del estado de Nuevo León.
Con el paso del tiempo, ese portafolio creció. Hoy se le atribuyen un total de 17 concesiones agrícolas, las cuales suman un volumen anual de aproximadamente 1,224,500 metros cúbicos de agua. Además, durante su periodo al frente de SEGOB, el 26 de febrero de 2020, se le autorizó otra concesión -esta vez para extraer 228 mil metros cúbicos de aguas subterráneas nacionales en el municipio de General Terán, Nuevo León.
La red de concesiones no se limita solo a ella. Su esposo, Eduardo García Villegas, también figura como titular de una poderosa concesión: poco antes de que Olga Sánchez Cordero asumiera la titularidad de la SEGOB, él obtuvo un permiso para extraer más de 1.4 millones de metro cúbicos al año del mismo acuífero.
En conjunto, las concesiones del grupo familiar superan los 2.6 millones de metros cúbicos anuales, una cifra que ha puesto sobre la mesa no solo la dimensión del acuífero asignado, sino también cuestionamientos en torno al uso del agua, su distribución y la equidad en su concesión.
La crítica no se ha hecho esperar. Observadores del tema señalan que esas concesiones fueron otorgadas en un contexto de poca regulación del agua bajo la ley vigente, lo que favoreció en gran medida a quienes contaban con recursos suficientes para gestionarlas.
Por su parte, Sánchez Cordero ha respondido a los señalamientos. Aseguró que las concesiones están “registradas, transparentadas y en regla” y sostuvo que su familia se dedica desde hace generaciones a la agricultura en Nuevo León.
No obstante, la acumulación de tales volúmenes plantea interrogantes sobre la equidad en el acceso al agua, especialmente en zonas con estrés hídrico o escasez, y sobre si la legislación actual favorece el acaparamiento a gran escala por parte de particulares con poder político o económico.
Mientras tanto, el portafolio acuífero de la familia Sánchez Cordero permanece como un caso emblemático del vínculo entre tierra, agua y poder. Y con él, se reaviva un debate urgente en torno al uso sustentable del agua, la justicia hídrica y la responsabilidad pública.
