Integrantes del Comité de Pacientes Renales se manifestaron a las afueras de los Juzgados Federales el viernes pasado para presentar pruebas del incumplimiento a la suspensión judicial que impedía el cambio de clínica de hemodiálisis, medida concedida mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por pacientes.
Durante la protesta, las y los pacientes expusieron testimonios directos sobre las condiciones en las que han recibido atención tras el cambio de clínica, señalando tratamientos incompletos, deficiencias en higiene, fallas en la organización, falta de personal capacitado y riesgos para su salud.
La presidenta del Comité, Isayda Guido, señaló que, aunque algunos pacientes han logrado recibir atención sin complicaciones, existen múltiples casos documentados de irregularidades.
Indicó que se han registrado sesiones de hemodiálisis reducidas, de apenas una o dos horas, cuando el tratamiento completo debe durar entre tres y cuatro horas, lo que ha provocado coagulaciones, pérdida de sangre y riesgos adicionales, particularmente en pacientes con anemia. “Se molestan cuando uno les dice que falta algo en el procedimiento. Al final terminan coagulándose y tirando su sangre. Por eso es tan importante que se nos dé un tratamiento digno y de calidad”, señaló.
Las y los manifestantes explicaron que la movilización tuvo como objetivo entregar pruebas formales del incumplimiento de la suspensión, ya que, afirmaron, el Instituto tenía la obligación judicial de mantener el servicio subrogado mientras durara el juicio. “Esto no es un tema cualquiera, es una orden judicial. Lo que venimos a presentar hoy son las pruebas de por qué nos cambiaron de clínica cuando existía la obligación de pagar las subrogaciones”, afirmaron.
También recordaron la concentración de más de mil pacientes en una sola unidad, cuando previamente el servicio era brindado por cuatro clínicas, así como la asignación de horarios nocturnos, algunos de salida hasta la madrugada, sin garantizar transporte seguro, situación que afecta especialmente a pacientes foráneos.
Durante la manifestación, el abogado Guillermo Macías, representante legal de los pacientes, explicó que el juicio de amparo fue promovido contra el cambio de clínica y que la suspensión ordenaba mantener el servicio “tal como se venía prestando”. “El juez concedió la suspensión para que el servicio se siguiera otorgando de manera subrogada. Sin embargo, el Instituto se ha negado a acatarla”, señaló.
Detalló que este martes se llevó a cabo el desahogo de pruebas por el presunto desacato, y que corresponderá al juzgado determinar si las condiciones actuales cumplen con los requisitos técnicos y humanos necesarios para un servicio de hemodiálisis, el cual calificó como vital y extremadamente delicado.
Finalmente, las y los pacientes reiteraron que su exigencia no responde a intereses económicos ni a privilegios, sino a la protección de su vida y su salud. “No pedimos lujos, pedimos tranquilidad y vida. Somos personas, no números. Quienes vivimos este padecimiento sabemos lo que necesitamos”, concluyeron.
