- Pacientes renales de Aguascalientes realizaron una manifestación este lunes afuera del Sistema Integral Unidad de Hemodiálisis del IMSS (SIUH), acompañados por un notario público para dar fe de los hechos, luego de que el fin de semana pasado la clínica registrara una falla en su sistema de ósmosis, lo que impidió que varios usuarios recibieran su tratamiento. Algunos pacientes tuvieron que acudir a hemodiálisis privadas y pagar por su cuenta.
La clínica SIUH comenzó operaciones el 1 de diciembre. Pacientes renales y el Comité de Pacientes Renales de Aguascalientes denunciaron que desde días previos fueron objeto de llamadas insistentes y fuera de horarios laborales, presuntamente para obligarlos a cambiarse a la nueva unidad.
Durante la protesta, la presidenta del Comité, Isayda Guido, explicó que citaron a pacientes afuera de la clínica y solicitaron la presencia de un notario para documentar lo ocurrido. Señaló que el IMSS habría informado incorrectamente a autoridades federales sobre su capacidad instalada: “El instituto mintió ante las autoridades diciendo que tienen la capacidad para atender a los más de 1,000 pacientes (…) A una semana de iniciar operaciones tenemos este problema”.
La representante detalló que la falla de ósmosis es grave, ya que el sistema garantiza la ultrapurificación del agua empleada en las máquinas de hemodiálisis. Una mínima contaminación bacteriana, dijo, puede poner en riesgo la vida de los pacientes renales: “No es una cosa de que se quite con un paracetamol. Una bacteria en el agua puede matar a nuestros pacientes”.
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El Comité señaló que, desde antes del inicio de operaciones de la SIUH, pacientes han sido presuntamente amedrentados para cambiarse de unidad, a través de llamadas y advertencias como: “O te vienes o te doy el turno de la madrugada; o te vienes o ya no hay turno”.
De acuerdo con testimonios, trabajadores sociales del IMSS han insistido en la migración de usuarios a la nueva clínica. Guido explicó que entiende que para algunos pacientes el traslado pudiera representar cercanía y reducción de costos, pero cuestionó la falta de planificación: “Si existiera una logística adecuada, habría una plataforma donde se indique quién viene de tal lugar, qué horario le corresponde, y así evitar aglomeraciones. No fue así”.
Los pacientes amparados en un primer juicio tienen derecho a mantenerse en clínicas subrogadas, pero, según el Comité, el IMSS continúa llamándolos para moverlos, pese a contar con suspensión judicial.
En el caso del último amparo, el Comité informó que la suspensión fue perdida, ya que los magistrados determinaron que “los pacientes renales no son peritos para decidir en qué clínica debe realizarse su tratamiento, y que el IMSS no tiene la obligación legal de atenderlos en la unidad de su preferencia”. Con ello, los pacientes incluidos en ese amparo ya no podrán regresar a las clínicas subrogadas donde recibían su tratamiento previo.
El Comité adelantó que apelará legalmente, buscando que todos los pacientes regresen temporalmente a las clínicas donde recibían atención.
Testimonios recogidos durante la manifestación refieren que, en unidades previas, algunos pacientes han sufrido complicaciones después de cambios abruptos de clínica, especialmente cuando el personal es nuevo o inexperto.
Una madre, identificada como María Concepción Carrillo, relató el miedo constante que genera cada transición: “Cada cambio trae muertes. Vengo aquí porque tengo miedo de que me pase lo mismo con mi hija (…) He tenido dos cambios y los dos han salido muy mal”.
La mujer narró que, en uno de los cambios, a su hija tuvieron que trasladarla a urgencias tras un episodio de infarto, y que en otra ocasión detectaron errores graves con el manejo del catéter: “Los jovencitos le dejaron el catéter envuelto en cinta. No saben. Ellos no tienen la culpa, son inexpertos, pero cada error pone en riesgo la vida de los enfermos”.
Afirmó que nunca se les informa con anticipación ni se asignan horarios claros, lo que genera largas esperas, falta de organización y episodios de crisis: “No nos organizan. Nos mandan a todos a la vez y nuestros enfermos pasan horas sin atención”.
Ni la presidenta ni el notario público pudieron ingresar a la SIUH para documentar el estado de operación de la clínica, pese a que buscaban constatar que el servicio no estaba funcionando y que pacientes no estaban siendo atendidos.
Guido advirtió que, si algún paciente fallece como consecuencia de retrasos, fallas en agua o atención inadecuada, solicitarán responsabilidad penal: “Responsabilizamos al Instituto de lo que nos pueda pasar”.
Los pacientes renales se manifestaron por primera vez a finales de julio frente a la Delegación Estatal del IMSS, señalando que la construcción de la nueva unidad era inadecuada y carecía de condiciones para una hemodiálisis digna.
En agosto realizaron una segunda movilización, advirtiendo que la SIUH no tendría capacidad para atender a todos los pacientes renales del estado.
A finales de agosto, el director general del IMSS, Zoé Robledo, habló públicamente sobre la polémica en torno a la nueva unidad de hemodiálisis en Aguascalientes. Negó que se trate de una clínica móvil o privada, y aclaró que será operada directamente por el Instituto. El funcionario añadió que el IMSS ha trabajado en recuperar el control del servicio.
Robledo recalcó que la unidad en Aguascalientes “va a ser operada por el IMSS, a diferencia de lo que ocurre hoy en Aguascalientes, que es operada por un prestador de servicios privados, que desde luego debe de estar preocupado porque terminará su contrato”.
En un comunicado, IMSS Aguascalientes informó que la SIUH reinició operaciones el lunes por la mañana en condiciones de calidad y seguridad, después de validar el agua y garantizar que las sesiones de hemodiálisis cumplen con las normas sanitarias.
El IMSS aseguró que el servicio se mantendrá garantizado “en toda circunstancia” y que el sábado se dispuso de un proveedor local temporal para quienes no pudieron recibir tratamiento.
