- El CEAA exige que la Ley General de Aguas se construya con diálogo, claridad y participación real del sector productivo, sin decisiones unilaterales
- Salas Díaz advierte que la sobreexplotación del acuífero requiere inversión urgente en captación, reúso y tecnificación agrícola, no solo debate legislativo
- El organismo pide eliminar decisiones discrecionales, blindar jurídicamente a productores eficientes y aumentar presupuesto federal para gestión hídrica y mitigación
El presidente del Consejo Estatal Agroalimentario (CEAA), Gerardo Salas Díaz, consideró que la Ley General de Aguas debe construirse mediante diálogo con los sectores productivos y no a través de decisiones unilaterales. Señaló que el gobierno federal ha estresado innecesariamente un tema que debería abordarse con mayor claridad y apertura: “El diálogo tiene que ser una cualidad del gobierno. Este gobierno ha estresado demasiado y debería ser más sencillo”.
Salas Díaz afirmó que la ley debe diferenciar a quienes utilizan el agua con fines agroalimentarios, de casos particulares donde existen irregularidades, con el fin de proteger a los productores que hacen uso legal y productivo del recurso. En estados como Aguascalientes, dijo, la sobreexplotación del acuífero debería considerarse un problema de emergencia nacional, y requerir apoyos para mitigación hídrica. “Si hay un acuífero sobreexplotado en un estado, deberían existir recursos para mitigar el problema en varias vertientes”, afirmó.
El representante agroalimentario destacó la importancia de invertir en captación de agua, reúso y tecnificación agrícola, avanzando hacia un modelo que priorice la rentabilidad por metro cúbico, en lugar de prácticas tradicionales que ya no resultan sostenibles.
También cuestionó que la discusión pública se haya centrado en el proceso legislativo, mientras que el presupuesto federal no está destinando recursos suficientes para tecnificación, regularización y mitigación hídrica: “Pareciera que la Ley de Aguas se convirtió en una cortina de humo, en el tema presupuestal la gente no se ha dado cuenta que no se está apoyando más al sector, es más, a esta Ley de Aguas no le están metiendo más presupuesto, cosa que deberían para regularizar”.
El representante explicó que el sector agroalimentario de Aguascalientes registra un crecimiento del 13.7%, demostrando que cualquier recurso invertido en el estado genera una mayor productividad y retorno económico. Por ello, pidió que el sector sea visualizado como prioritario a nivel nacional, especialmente antes de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. “El peso que se invierte en Aguascalientes se multiplica. México puede producir alimentos para muchos países y debemos fortalecer al sector, no golpearlo”, señaló.
Salas Díaz sostuvo que la discusión legislativa debe blindar jurídicamente a los productores, especialmente cuando existen traspasos, herencias o renovaciones de títulos, ya que quienes producen de manera eficiente deben contar con certeza y beneficios. “Si tecnificas tu predio y produces más agua o utilizas menos, no debería castigarse; debería premiarse a quien hace las cosas correctamente”, dijo.
Asimismo, llamó a eliminar cualquier decisión discrecional que dependa únicamente de una mesa o funcionario para aprobar el uso del agua o el traspaso de derechos. Consideró que la claridad jurídica evita incertidumbre, parálisis productiva y riesgo de exclusión.
