- Buscan tipificar como delito la manipulación de pagarés en perjuicio de mujeres
- Pretenden proteger a mujeres en situación vulnerable ante créditos engañosos
- Plantean sanciones de 2 a 6 años de prisión y suspensión de embargos injustificados
La iniciativa plantea tipificar como delito la manipulación de pagarés en perjuicio de mujeres, con sanciones que van de 2 a 6 años de prisión. El objetivo es brindar protección a quienes, por su situación de vulnerabilidad, se convierten en blanco de esquemas financieros que operan bajo engaños.
Ante el aumento de casos en los que mujeres han sido afectadas por prácticas abusivas, Fernando Alférez Barbosa presentó ante el Congreso del Estado de Aguascalientes una propuesta para sancionar penalmente la violencia económica ejercida mediante pagarés irregulares. La iniciativa responde a un fenómeno que se ha extendido con rapidez en colonias populares y comunidades rurales, donde empresas provenientes de otras entidades, como Torreón y Ciudad de México, ofrecen créditos aparentemente accesibles. Esta práctica ha sido replicada por negocios locales e incluso por agiotistas, según expuso Alférez Barbosa.
De acuerdo con la justificación de la iniciativa, estas empresas prometen apoyo económico sin solicitar revisión de buró de crédito y piden a las mujeres firmar pagarés en blanco, en ocasiones en grupos de hasta 14 o 15 personas. Aunque simulan establecer planes de pago semanales, asignan fechas de vencimiento distintas y registran los abonos en tarjetas que solo ellas conservan, lo que deja sin respaldo a las deudoras.
Este tipo de maniobras permite que los representantes de dichas empresas, posteriormente, acudan al Poder Judicial sin perspectiva de género y soliciten embargos por montos excesivos. Muchas mujeres ya han liquidado préstamos iniciales de $4,000 o $5,000 pesos, pero terminan enfrentando juicios por cantidades que superan los $100,000 o hasta $150,000 pesos. Aquellas sin recursos ni asesoría legal han perdido viviendas, autos, herramientas de trabajo y bienes del hogar, denunció Alférez Barbosa.
La propuesta plantea crear un nuevo tipo penal en el Código Penal, alineado con criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce estas prácticas como formas de violencia económica y patrimonial por razón de género. Además, contempla que el Ministerio Público pueda solicitar la suspensión del procedimiento de embargo al recibir una denuncia, incluso si ya existe sentencia, siempre que el bien no haya sido adjudicado en firme.
Entre las empresas señaladas por operar bajo estos esquemas se encuentran el Consejo de Apoyo al Microemprendedor —que ya fue intervenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores—, Abordo Soluciones Efectivas, Credimax y Grupo DGMLS. Alférez Barbosa subrayó que esta forma de violencia “tiene nombre, rostro y modus operandi”, y enfatizó la urgencia de contar con una legislación clara que frene el despojo de mujeres bajo mecanismos legales simulados.
