El proyecto del ministro Irving Espinoza propone invalidar la reducción del plazo de despenalización del aborto de 12 a seis semanas
Las acciones fueron promovidas por el Ejecutivo Federal y la CNDH, al considerar que la reforma vulnera derechos humanos y el principio de no regresividad
De aprobarse, la resolución tendría efectos retroactivos y obligaría al Congreso local a legislar nuevamente sobre la no criminalización del aborto
Se prevé que a inicios de 2026 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicie la discusión de acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la reducción del plazo para la despenalización del aborto en Aguascalientes, que pasó de 12 a 6 semanas de gestación.
Se trata de un proyecto de ponencia del ministro Irving Espinoza Betanzo, el cual integra dos acciones de inconstitucionalidad: una promovida por el Poder Ejecutivo Federal y otra por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Ambas impugnan las reformas al Código Penal del Estado que sancionan la interrupción del embarazo a partir de la semana seis y no de la semana doce, como lo recomiendan criterios internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El proyecto también analiza la Ley para la Protección de la Vida del Estado de Aguascalientes, la cual establece un blindaje del ser humano desde la concepción hasta la muerte, disposiciones que entraron en vigor en septiembre de 2024.
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Entre los principales argumentos para invalidar la reforma se señala que resulta contraria a los derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes, además de que la reducción del plazo implica una violación al principio de no regresividad en materia de derechos humanos, al restringir un derecho previamente reconocido.
Asimismo, el proyecto sostiene que el Congreso de Aguascalientes excedió sus facultades al introducir cláusulas que adoptan una noción específica de persona y al otorgar el estatus de “producto de la concepción” dentro de la Ley para la Protección de la Vida.
Con base en estos razonamientos, el ministro ponente considera procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad, por lo que el proyecto será sometido a votación del Pleno de la SCJN a principios del próximo año.
De aprobarse, se invalidarían los artículos del Código Penal estatal que sancionan el delito de aborto, así como el concepto de “desde la concepción” contenido en la Ley para la Protección de la Vida del Estado de Aguascalientes. Además, se establece que las declaratorias tendrían efectos retroactivos, lo que implicaría la suspensión de procesos penales iniciados por abortos ocurridos entre la semana siete y la doce de gestación.
En caso de que el Pleno avale el proyecto, el Congreso local estaría obligado a homologar su legislación con los criterios federales en materia de no criminalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte.
