- La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Claudia Valle Aguilasocho llamó a adoptar herramientas como los catálogos de autoridades tradicionales y ajustar requisitos para garantizar una participación política indígena auténtica y conforme a su realidad comunitaria.
Valle Aguilasocho afirmó que la próxima reforma electoral debe colocar en el centro la participación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, ampliando las visiones y fortaleciendo las vías de representación que continúan siendo insuficientes para garantizar su participación plena.
Durante su intervención en la Cámara de Diputaciones, frente a representantes del INE y de distintos poderes judiciales estatales, recordó que la reforma constitucional de septiembre de 2024 reconoció a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Explicó que este nuevo estatus debe traducirse en que las decisiones tomadas al interior de las comunidades tengan efectos jurídicos plenos, tanto dentro como fuera de ellas.
Subrayó que, ante la próxima reforma electoral, es indispensable abrir espacios, fortalecer vías de participación y garantizar que los pueblos y comunidades puedan construir su agenda político-electoral de manera activa y plural. Señaló que el centro de la reforma se debe enfocar en abrir espacios; lo que implica fortalecer tanto los procesos internos de elección de autoridades comunitarias como el acceso a espacios estatales de toma de decisiones.
Uno de los ejes de su participación fue su propuesta de consolidar como política pública nacional los catálogos de autoridades tradicionales, instrumentos ya implementados en Oaxaca e Hidalgo que permiten registrar quiénes son las autoridades legítimas de cada comunidad y cuáles son sus prácticas vigentes.
Indicó que estos catálogos reducen conflictos internos, brindan certeza a las instituciones estatales, facilitan procesos de consulta y permiten una representación indígena real en los ayuntamientos. Aclaró que estos instrumentos no deben condicionar derechos colectivos, pero sí fortalecen la legitimidad de las autoridades comunitarias y mejoran la interacción entre pueblos y Estado.
En un segundo eje, la magistrada Claudia Valle abordó la posibilidad, ya presente en otros países de la región, de que el sistema electoral mexicano contemple la existencia de partidos políticos indígenas o étnicos. Explicó que no se trata de incrementar el número de partidos, sino de permitir que comunidades históricamente excluidas puedan ejercer sus derechos políticos bajo condiciones justas.
Propuso que, si una comunidad indígena busca constituir un partido político, los requisitos deben ser equivalentes a su realidad demográfica y no una copia de los requisitos diseñados para partidos tradicionales. Detalló que el número de asambleas y los porcentajes exigidos deben ser proporcionales a la población indígena del estado correspondiente.
“Si busco constituir un partido indígena, solo se me puede exigir un porcentaje equivalente a la población indígena real del estado”, expresó. Añadió que este ajuste es necesario para garantizar una representación indígena legítima, conforme a sus propias formas de organización.
Como cierre, recordó que México es una nación pluricultural e intercultural y que la reforma electoral en curso representa una oportunidad para consolidar mecanismos incluyentes y culturalmente pertinentes que reconozcan la diversidad de los pueblos y comunidades del país.
En el panel también participaron la magistrada del Tribunal Electoral de Oaxaca, Sandra Pérez Cruz; la consejera del INE, Rita Bell López Vences; la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Rosalba Hernández Hernández; y el magistrado de la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Luis Enrique Cordero Aguilar. La mesa fue moderada por la diputada Irma Juan Carlos, secretaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
