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martes, marzo 10, 2026

Respuesta de autoridades ante el uso excesivo de la fuerza preocupa al Observatorio de Violencia Social y de Género

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  • Señalan que defender intervenciones violentas normaliza prácticas de riesgo para la ciudadanía
  • Alertan sobre el uso de dispositivos de electrochoque sin protocolos adecuados
  • Exigen revisión inmediata de procedimientos y sanciones a elementos involucrados

El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes expresó su preocupación por la postura de las autoridades municipales de Aguascalientes y Jesús María, luego de que respaldaron públicamente la actuación de elementos policiales que emplearon fuerza excesiva en un contexto que no representaba un riesgo inminente para su vida. De acuerdo con el Observatorio, justificar este tipo de intervenciones normaliza prácticas que ponen en peligro a la población y contradicen los estándares nacionales e internacionales sobre el uso proporcional de la fuerza.

Asimismo, se destacó la necesidad de limitar el uso de dispositivos de electrochoque, debido a que representan un riesgo elevado y solo deben utilizarse como último recurso, bajo protocolos claros y con supervisión efectiva. Sin embargo, las corporaciones policiales del estado no han demostrado contar con las condiciones necesarias para garantizar un uso responsable de estos instrumentos.

El Observatorio calificó como inaceptable que las autoridades minimicen lo ocurrido y respalden acciones que podrían constituir abuso de fuerza. Subrayó que la legitimidad de las instituciones de seguridad depende de su capacidad para prevenir la violencia, no reproducirla.

En este contexto, se hizo un llamado a revisar de manera inmediata los protocolos de uso de la fuerza y garantizar su cumplimiento, así como a suspender y evaluar la actuación de los elementos implicados en cualquier agresión a la ciudadanía. También resaltó la importancia de fortalecer la capacitación policial con enfoque en derechos humanos y en la reducción de daños.

Finalmente, se recalcó que la seguridad pública debe tener como prioridad la protección de la vida y la dignidad humana, por lo que es indispensable asegurar transparencia y rendición de cuentas en todas las intervenciones.

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