Después de décadas de criminalización, el gobierno estadounidense reconoce, tarde que el cannabis no pertenece al mismo cajón que las drogas más peligrosas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó esta semana un decreto que ordena sacar a la marihuana del grupo de las drogas consideradas “más peligrosas” por la ley federal y permitir su uso con fines médicos. La medida implica su reclasificación fuera de la Lista, donde comparte categoría con sustancias como la heroína, hacia una clasificación menos restrictiva, reconociendo por primera vez a nivel federal que el cannabis tiene usos terapéuticos legítimos.
El anuncio marca un punto de quiebre en la política de drogas estadounidense, históricamente basada en la prohibición, el castigo y la persecución penal, con impactos devastadores en comunidades racializadas y empobrecidas. Durante décadas, la llamada “guerra contra las drogas” llenó cárceles sin reducir el consumo ni atender la salud pública.
Aunque el decreto no legaliza el uso recreativo a nivel federal, sí abre la puerta a una mayor investigación científica, al desarrollo de tratamientos médicos basados en cannabis y a una reducción de las trabas legales que impedían incluso estudiar sus efectos. En términos prácticos, también puede aliviar cargas regulatorias y fiscales para la industria del cannabis medicinal.
Sin embargo, el cambio llega con claroscuros. Organizaciones de derechos civiles y expertos en política de drogas han señalado que reclasificar no es lo mismo que reparar: miles de personas, en su mayoría personas negras y latinas, siguen cargando antecedentes penales por delitos relacionados con marihuana que hoy el propio Estado empieza a reconocer como desproporcionados.
Además, el decreto deja intacta la contradicción central del sistema estadounidense: mientras muchos estados permiten el uso médico e incluso recreativo del cannabis, a nivel federal sigue siendo ilegal en varios supuestos. La implementación final dependerá ahora de procesos administrativos en agencias como la DEA y la FDA.
Este movimiento, aunque relevante, no borra décadas de criminalización ni sustituye una discusión de fondo: ¿por qué se persiguió con tanta violencia una sustancia cuyos daños eran menores que los de drogas legales como el alcohol? ¿y quiénes pagaron el precio de esa política?
La reclasificación de la marihuana es un paso, pero no una victoria completa. La deuda histórica con las personas criminalizadas, encarceladas y estigmatizadas por consumir o vender cannabis sigue pendiente.
