Aguascalientes es “provida”
Fueron las palabras que utilizó la gobernadora Teresa Jiménez en entrevista con medios de comunicación, tras ser cuestionada sobre el próximo debate que tendrá el Pleno de la SCJN en torno al aborto en Aguascalientes. La titular del Ejecutivo local afirmó que la entidad es provida y que se trabajará junto con el Congreso del Estado para actuar en conjunto en la defensa de la vida. Incluso, no descartó un diálogo con algunos ministros de la Suprema Corte para conocer el enfoque ideológico de la decisión que se tomará.
Los antecedentes
Para desenmarañar el tema de la despenalización del aborto en la entidad, es necesario remontarnos a la resolución del amparo 79/2023, promovido por diversas asociaciones civiles pro aborto, mediante el cual los entonces ministros determinaron que el Poder Legislativo local debía legislar en la materia, ya que en ese momento la interrupción legal del embarazo solo se permitía hasta las seis semanas de gestación.
El Poder Legislativo local, representado entonces por la LXVI Legislatura, decidió el 13 de diciembre de 2023, en una reunión secreta -y sin que hasta hoy exista información pública sobre la legalidad de dicha sesión ni el sentido de los votos- reformar el Código Penal del Estado de Aguascalientes para acatar el mandato de la Corte y evitar el desacato. Con ello, la interrupción legal del embarazo pasó de seis a doce semanas. La reforma fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de diciembre de 2023, mediante el Decreto 573.
Posteriormente, a solo dos semanas de concluir su encargo como representantes populares, los diputados de esa LXVI Legislatura, en sesión extraordinaria del 28 de agosto de 2024, aprobaron una nueva modificación al Código Penal local para reducir nuevamente el límite de la interrupción legal del embarazo, regresando de doce a seis semanas. Esta última reforma fue publicada el 23 de septiembre de 2024, mediante el Decreto 804.
Lo que originó la última reforma
Con esta modificación parecía que el tema del aborto quedaba nuevamente en el olvido. Sin embargo, no se contaba con que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promoverían, por separado, acciones de inconstitucionalidad contra las reformas locales en materia de aborto de 2024.
Ambas impugnaciones se acumularon en las acciones de inconstitucionalidad 172/2024 y 173/2024, cuyo proyecto resolutivo quedó a cargo del nuevo ministro Irving Espinosa Betanzo.
El proyecto -que hace unos días fue retirado del orden del día del Pleno de la SCJN para realizarle algunos “ajustes”– sostenía que la tipificación del delito de aborto afecta de manera desproporcionada el ejercicio efectivo del derecho a decidir, recordando además que con anterioridad ya se había declarado la invalidez de marcos jurídicos de Aguascalientes por reconocer la vida desde la concepción.
Los argumentos de la SCJN
En el documento del proyecto se señala que la reducción del plazo de doce a seis semanas constituye una medida regresiva, ya que limita a las mujeres a tomar una decisión informada y oportuna, al existir una amenaza de sanción penal en un lapso considerado insuficiente. Para la Corte, el plazo de doce semanas representa una vía “razonable” para la protección de la vida en gestación.
La propuesta se sustenta en los llamados parámetros constitucionales, integrados por los derechos a la dignidad humana, autonomía, libre desarrollo de la personalidad, igualdad jurídica, salud, libertad sexual y los alcances del derecho a decidir.
El borrador de la resolución
Bajo estos parámetros, y en un documento de 124 páginas, el proyecto de la SCJN plantea declarar la invalidez de los artículos 101, 103 y 196 del Código Penal local, reformados el 24 de septiembre de 2024. En términos prácticos, esto implicaría dejar sin efectos el plazo de seis semanas para abortar legalmente, invalidar algunas excluyentes de responsabilidad penal y también las agravantes por aborto culposo incorporadas en 2024.
Si bien este análisis se basa en un borrador que fue retirado temporalmente, todo apunta a que no cambiará el fondo del proyecto. Por ello, desde lo local, los actores políticos, particularmente los legisladores, deberán esperar la resolución definitiva para definir si modifican nuevamente la legislación estatal en materia de aborto.
Un tema decisivo y con impacto electoral
Este debate divide profundamente a una sociedad tan conservadora como Aguascalientes, y estalla además a un año del proceso electoral para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo locales. Llega, además, días después de que manifestantes provida del Frente Nacional por la Familia denunciaron haber sido retirados de la plaza principal por policías mientras se manifestaban a favor de la vida.
Sin duda, la oposición local de MORENA presionará al PAN, con el respaldo de sus ministros afines, para obligarlos a tomar una postura que podría costarles adeptos. Sin embargo, esos votantes difícilmente migrarán al voto duro guinda; más bien podrían abrir la puerta a una tercera vía.
Por ahora, la mejor opinión la tiene usted, estimado lector: moralmente, ¿está a favor o en contra? Jurídicamente, ¿está a favor o en contra?, y políticamente, ¿está a favor o en contra?
La rosca fue el pretexto
Muchas y muchos suspirantes rumbo a 2027 aprovecharon el pretexto de la tradicional rosca de reyes para organizar eventos masivos con la ciudadanía, con la esperanza de que la candidatura les saliera en la rosca. Spoiler: no será así.
Todo se definirá por acuerdos políticos internos en cada partido. Mientras tanto, las postales, los recorridos y las selfies sirvieron para mostrar músculo político, capacidad de convocatoria y, sobre todo, para seguir vigentes en el ánimo del electorado local.
