En México, la identidad de género es un derecho humano. Pero ¿qué ocurre cuando ese derecho se instrumentaliza para evadir responsabilidades básicas, como garantizar la manutención de una hija?
Esta pregunta atraviesa el caso dado a conocer por La Jornada y Sanjuana Martínez, en el que un hombre identificado como Cristian Montenegro Chairez habría modificado legalmente su identidad de género en medio de un conflicto judicial con su ex pareja, Gloria Valentina Méndez, con el aparente objetivo de dificultar procesos legales relacionados con violencia familiar y el pago de pensión alimentaria.
Montenegro, trasciende, es una abogado en Durango que gusta de dar la nota, ya que en medio del lamentable fallecimiento de una adolescente por cirugía estética, aprovechó para ser mediático y revivir una denuncia contra el médico por otro caso y también aparecer en medios.
De acuerdo con el testimonio recogido por el medio, el cambio de identidad habría sido utilizado para solicitar “perspectiva de género” en audiencias judiciales y generar confusión en los juzgados, mientras la obligación alimentaria hacia su hija menor seguía sin cumplirse.
Aunque no existe una resolución judicial que avale esta estrategia, el caso ha encendido alarmas sobre cómo el sistema puede ser manipulado en perjuicio de mujeres y niñas.
Especialistas recuerdan que el cambio de identidad de género no elimina obligaciones civiles, y que la pensión alimentaria es un derecho de la infancia protegido por la ley mexicana. La Suprema Corte ha sido clara: el interés superior de niñas y niños está por encima de cualquier disputa entre personas adultas.
El riesgo de este tipo de narrativas no es menor. Colectivos y defensoras han advertido que casos como este pueden ser utilizados para estigmatizar a las personas trans, desviando la atención del problema central: la evasión de responsabilidades parentales y las fallas estructurales del sistema judicial para garantizar justicia pronta y efectiva a las infancias.
Más que un debate sobre identidades, el caso expone una pregunta incómoda: ¿por qué sigue siendo tan fácil en México eludir la obligación de cuidar, económica y legalmente, a las hijas e hijos? Mientras esa respuesta no llegue, quienes terminan pagando el costo son siempre las mismas: mujeres, niñas y niños.
I. El contubernio: Traición en el entorno íntimo
Según lo reportado, el agresor contó con un aliado inesperado: la actual pareja de la madre, de nombre Édgar Alan Corona Muñiz. Este contubernio entre varones permitió al deudor obtener información privilegiada para evadir sus obligaciones y desestabilizar emocionalmente a la familia.
Este pacto patriarcal operó en dos frentes. Mientras Montenegro utilizaba el cambio de identidad de género como una trampa jurídica para anular la figura paterna y la pensión, la pareja de la víctima colaboraba desde adentro. Juntos, cerraron una pinza de violencia económica y psicológica diseñada para dejar a los hijos en el abandono financiero.
Se trata de una estrategia de “borrado de responsabilidad”. Al aliarse con el entorno afectivo de la madre, el agresor no solo buscó no pagar, sino destruir la red de apoyo de la mujer. Este uso instrumental de la ley de identidad, sumado a la traición doméstica, redefine la crueldad con la que se ejerce el poder masculino contra las infancias.
Red de poder e influyentismo: El brazo largo en la CEAV
La capacidad de daño de este grupo alcanzó la estructura federal. Montenegro ha sido señalado por utilizar sus conexiones y “capital político” en áreas administrativas para gestionar el despido de la madre de su empleo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Este acto de influyentismo dejó a la víctima sin ingresos y sin seguridad médica para sus hijos en medio de la batalla legal.
Los antecedentes de los involucrados apuntan a una red de protección en mandos medios de la administración pública. El uso de la CEAV —una instancia que por ley debería proteger a la mujer— como herramienta de castigo laboral, evidencia un grave caso de corrupción institucional y revictimización bajo pedido.
