Hablando de discapacidad
Hablar de discapacidad es hablar del derecho a decidir
Durante décadas, la discapacidad ha sido interpretada desde una mirada reducida y profundamente injusta: la de la dependencia absoluta. Persiste la creencia popular de que una persona con discapacidad necesita siempre de alguien más para tomar decisiones, para vivir, para existir. Esta idea, tan extendida como errónea, no solo parte de la ignorancia, sino que reproduce una de las barreras más dañinas para la inclusión: negar la autonomía y el derecho a decidir por uno mismo.
Vivir con una discapacidad no equivale a la pérdida total de funcionalidad. Incluso en aquellas condiciones consideradas severas, existen ámbitos —fractales de autonomía— en los que la persona puede y debe ejercer su capacidad de decisión. Pero, más allá de esos casos, la realidad es contundente: la gran mayoría de las personas con discapacidad tenemos una autonomía plena. Tomamos decisiones, construimos proyectos de vida, participamos en lo social, lo laboral, lo cultural y lo político. No somos excepciones heroicas; somos ciudadanos con derechos.
El derecho a decidir por sí mismo está claramente establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por México en 2007. Este instrumento reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, así como su derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad. No se trata de concesiones ni de buena voluntad: se trata de derechos humanos.
Sin embargo, entre el papel y la realidad persiste una brecha preocupante. Según datos del INEGI, en México más de 20 millones de personas viven con alguna discapacidad o limitación. A pesar de ello, los niveles de participación laboral, educativa y social siguen siendo significativamente más bajos en comparación con la población sin discapacidad. No por falta de capacidades, sino por la presencia de barreras físicas, sociales y, sobre todo, actitudinales.
La barrera más difícil de derribar es la del prejuicio. Esa idea profundamente arraigada de que una persona con discapacidad “no puede”, “no sabe” o “no debería” decidir por sí misma. Este prejuicio se manifiesta cuando se infantiliza a adultos con discapacidad; cuando se toman decisiones médicas, educativas o patrimoniales sin su consentimiento; o cuando se les excluye de espacios de participación bajo el argumento de la “protección”.
Pero proteger no es sustituir. Acompañar no es decidir por el otro. La inclusión real comienza cuando entendemos que el apoyo debe fortalecer la autonomía, no anularla. El modelo social de la discapacidad —hoy ampliamente reconocido a nivel internacional— nos invita a cambiar la pregunta: no es qué le falta a la persona, sino qué le falta a la sociedad para garantizar su plena participación.
Las personas con discapacidad somos capaces de formar una familia, de tener hijas e hijos, de desarrollarnos profesionalmente, de destacar en el ámbito educativo, laboral, artístico o deportivo. Existen miles de historias que lo demuestran todos los días, aunque muchas veces no ocupen los espacios mediáticos ni el reconocimiento que merecen. Conocer estos alcances no es un ejercicio de admiración, sino de justicia.
Hablar del derecho a decidir también implica reconocer la diversidad dentro de la discapacidad. No todas las personas requieren los mismos apoyos ni enfrentan las mismas barreras. La autonomía no es un concepto homogéneo; es un espectro que debe ser entendido y respetado desde la individualidad. Algunas personas necesitarán apoyos para la toma de decisiones; otras, no. Pero, en todos los casos, la voluntad y las preferencias de la persona deben ser el centro.
Este ejercicio de reflexión no busca señalar únicamente a la sociedad como culpable, sino invitarla a ampliar sus expectativas. A mirar más allá de los estereotipos y a conocer, de manera genuina, qué implica vivir con una discapacidad. Comprender la funcionalidad, los alcances y también los retos, pero sin reducir a la persona a su condición.
La inclusión no se construye desde la lástima ni desde el asistencialismo. Se construye desde el reconocimiento del otro como igual, desde el respeto a su dignidad y desde la garantía efectiva de sus derechos. Entre ellos, uno de los más fundamentales: el derecho a decidir por sí mismo.
Cuando como sociedad entendamos que la discapacidad no anula la capacidad de decidir, habremos dado un paso decisivo hacia una convivencia más justa. Solo entonces las personas con discapacidad podremos ocupar, sin permisos ni excepciones, el lugar que nos corresponde: el de ciudadanos plenos, con voz, con voluntad y con derecho a construir nuestra propia vida.
