La erosión silenciosa del Estado: centralizar al INAI y debilitar la lucha contra la corrupción
La fortaleza de un Estado constitucional no se mide únicamente por su capacidad coercitiva ni por la concentración de poder en el Ejecutivo, sino por la solidez de sus contrapesos institucionales. En México, a un año de la decisión de centralizar un organismo constitucional autónomo como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y con ello adherir sus funciones a una dependencia creada recientemente, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), se configura un punto de inflexión preocupante en la arquitectura institucional diseñada para combatir la corrupción, garantizar la transparencia y asegurar la rendición de cuentas.
Los organismos constitucionales autónomos no surgieron como un capricho tecnocrático ni como una moda importada. Fueron creados como respuesta a una realidad histórica: el poder tiende a resistirse al escrutinio. La autonomía del INAI fue concebida precisamente para romper esa inercia, permitiendo que el acceso a la información pública y la protección de datos personales fueran garantizados por una institución técnicamente especializada e independiente de los intereses coyunturales del gobierno en turno.
Al eliminar o diluir esa autonomía mediante su absorción en una secretaría del Poder Ejecutivo, el Estado pierde una de sus principales herramientas de credibilidad. El mensaje es claro y peligroso: quien debe ser vigilado pasa a controlar, directa o indirectamente, al vigilante.
Desde el discurso oficial, la centralización suele justificarse en nombre de la austeridad, la eficiencia administrativa o la simplificación burocrática. Sin embargo, en materia de combate a la corrupción, estos argumentos resultan endebles si no vienen acompañados de garantías reales de independencia, imparcialidad y control externo.
La SABG, por su propia naturaleza, forma parte de la estructura jerárquica del Ejecutivo. Su titular responde políticamente a la Presidencia de la República y sus prioridades están inevitablemente alineadas con el proyecto gubernamental. Pretender que una dependencia así sustituya el papel de un órgano autónomo implica desconocer una verdad básica del constitucionalismo moderno: no puede haber rendición de cuentas efectiva cuando el control se ejerce desde el mismo poder que debe rendir cuentas.
El acceso a la información pública ha sido, durante las últimas dos décadas, una de las herramientas más poderosas para el periodismo de investigación, la academia y la sociedad civil. Casos emblemáticos de corrupción, desvío de recursos y conflictos de interés no surgieron de auditorías internas, sino de solicitudes de información resueltas por un órgano autónomo capaz de ordenar la apertura de archivos incluso contra la voluntad de dependencias federales.
Con la centralización, existe un riesgo real de regresión: criterios discrecionales, reservas injustificadas y una interpretación restrictiva del derecho a saber. Aunque formalmente se mantengan procedimientos y plazos, la pérdida de autonomía genera un efecto inhibidor que debilita la confianza ciudadana y reduce el uso efectivo del derecho de acceso a la información.
Uno de los mayores peligros de este rediseño institucional es la transformación simbólica de la transparencia. Deja de concebirse como un derecho exigible frente al Estado y se convierte, gradualmente, en una concesión administrativa sujeta a la voluntad política del gobierno. Esto resulta especialmente grave en un contexto donde la corrupción no es un fenómeno marginal, sino estructural.
La rendición de cuentas requiere órganos capaces de investigar, resolver y sancionar sin presiones políticas. Cuando esas funciones se concentran en una sola esfera de poder, el sistema pierde equilibrio y el Estado se vuelve más frágil frente a sus propias tentaciones autoritarias.
México no está solo bajo la lupa. Organismos internacionales, índices de percepción de la corrupción y compromisos multilaterales en materia de gobierno abierto observan con atención este tipo de decisiones. La desaparición o subordinación de un órgano autónomo como el INAI no solo impacta el plano interno, sino que también debilita la posición del país en el escenario internacional, enviando señales negativas a inversionistas, organizaciones civiles y mecanismos de cooperación.
Paradójicamente, al centralizar y absorber al INAI, el Estado no se fortalece: se debilita. Un Estado fuerte no teme a la transparencia ni a la crítica; las institucionaliza. La lucha contra la corrupción exige más independencia, mayor especialización y controles cruzados efectivos, no menos.
La historia constitucional demuestra que cuando los contrapesos se erosionan, la corrupción no desaparece: se oculta mejor. Y un Estado que renuncia a ser vigilado renuncia, también, a la confianza de su ciudadanía. Es en esa pérdida silenciosa de confianza donde, en realidad, se erosiona la fuerza del Estado mexicano.
