- Extinguir institutos sin tener listas las nuevas autoridades garantes no es sólo un problema administrativo; representa un retroceso en la protección de derechos humanos. El acceso a la información y la protección de datos personales no pueden quedar sujetos a improvisaciones institucionales
El año 2026 inicia con un panorama preocupante en materia de transparencia y acceso a la información pública en México. La transición derivada de la desaparición de los institutos locales de transparencia y su sustitución por órganos desconcentrados (prevista en la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública) sigue sin concretarse en la mayoría de las entidades federativas. Esta falta de implementación efectiva ha generado una parálisis en los recursos de inconformidad, confusión institucional y, sobre todo, una afectación directa al ejercicio efectivo de un derecho humano fundamental.
Lo que debía ser un proceso ordenado de armonización normativa y administrativa ha derivado en un mosaico desigual de avances, retrocesos y vacíos legales.
Tras la entrada en vigor de la nueva Ley General, los estados estaban obligados a adecuar sus constituciones locales, leyes secundarias y estructuras administrativas para crear nuevas autoridades garantes que asumieran plenamente las funciones de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
No obstante, los plazos establecidos no se cumplieron. En la práctica, la desaparición de los institutos locales se adelantó a la creación y puesta en marcha de los órganos sustitutos. El resultado es un vacío institucional que deja a la ciudadanía sin claridad sobre qué autoridad es competente cuando una dependencia niega información pública.
Algunos institutos continúan sesionando de forma transitoria. Otros han suspendido plazos. Algunos más ya han cerrado definitivamente o lo harán en los primeros meses de 2026.
Una de las consecuencias más graves de esta transición incompleta es la parálisis real de los recursos de inconformidad, mecanismo clave para garantizar el derecho de acceso a la información.
En tanto no se instalen plenamente los órganos desconcentrados previstos en la Ley General, las contralorías estatales se han limitado a atender asuntos relacionados con datos personales y a mantener la operación técnica de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Sin embargo, no existe una autoridad que resuelva de fondo los recursos cuando una dependencia se niega a entregar información.
Hoy existen ciudadanos que, literalmente, no saben ante quién acudir para defender su derecho constitucional a saber.
Actualmente entidades como Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, San Luis Potosí, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Nayarit y Sinaloa continúan sesionando bajo distintos esquemas. Algunos ya cuentan con dictámenes de extinción aprobados y otros permanecen pendientes de reformas legales.
El caso de Chihuahua es particularmente ilustrativo: no existe aún una reforma formal y su presupuesto fue aprobado íntegramente para continuar operando durante el próximo año. En contraste, estados como Coahuila, Puebla, Sonora, Yucatán, Tlaxcala, Baja California, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco han puesto en marcha órganos desconcentrados, aunque con modelos heterogéneos, poco claros y sin criterios nacionales homogéneos.
Durante el año pasado, diversas entidades cerraron formalmente sus institutos de transparencia, entre ellas Aguascalientes, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Jalisco, Quintana Roo, Coahuila, Sonora, Colima, Baja California y Yucatán. En Durango, apenas la semana pasada se decretó la suspensión de plazos, prolongando la incertidumbre jurídica.
Extinguir institutos sin tener listas las nuevas autoridades garantes no es sólo un problema administrativo; representa un retroceso en la protección de derechos humanos. El acceso a la información y la protección de datos personales no pueden quedar en suspenso ni sujetos a improvisaciones institucionales.
El verdadero reto de esta reforma no es desaparecer organismos, sino garantizar que la transparencia siga siendo exigible, accesible y efectiva en todo el país, independientemente del modelo administrativo adoptado.
Una plataforma tecnológica sin resoluciones, sin criterios y sin órganos que hagan exigible la ley es insuficiente. La transparencia no se agota en la simple carga de información; requiere instituciones que ordenen, vigilen y sancionen.
A este escenario se suma un fenómeno alarmante: el incremento en las reservas de información pública, incluso en temas altamente sensibles que impactan directamente en la vida y seguridad de las personas. Paralelamente, la vulneración y filtración de datos personales se ha intensificado, evidenciando debilidades en los mecanismos de protección y supervisión.
La ausencia de autoridades sólidas no sólo limita el acceso a la información, sino que también incrementa la exposición de la ciudadanía a riesgos indebidos.
El proceso de transición debió concluir conforme a lo establecido en la legislación reformada. No ocurrió así. El 2026 debería ser el año en que se cierre definitivamente este ciclo de incertidumbre institucional, y no uno más marcado por la improvisación.
De lo contrario, el acceso a la información corre el riesgo de quedarse en el discurso y no en la práctica, justo en un año especialmente sensible, cuando 17 entidades federativas inician procesos electorales.
