De manera preliminar, la FGE dio a conocer que la madre, de 13 años, y el padre del bebé, de 17 años, cohabitan con el consentimiento de los padres de ambos, conforme a los usos y costumbres de su comunidad.
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.- El caso de una menor tsotsil de 13 años que dio a luz a un bebé en San Cristóbal de las Casas encendió las alertas de organizaciones de la sociedad civil sobre la persistencia del matrimonio infantil y la falta de protección efectiva de los derechos de la niñez en Chiapas.
Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que tanto la adolescente como el recién nacido se encuentran estables y fuera de peligro, luego de haber presentado complicaciones derivadas de un contagio de sarampión, situación que motivó su traslado del Hospital de la Mujer al Hospital de las Culturas.
De manera preliminar, la FGE dio a conocer que la madre, de 13 años, y el padre del bebé, de 17 años, cohabitan con el consentimiento de los padres de ambos, conforme a los usos y costumbres de su comunidad.
No obstante, precisó que la Fiscalía de Justicia Indígena continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente, a fin de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades conforme a la ley.
La menor, originaria del municipio de San Juan Chamula, presentó además daños y lesiones en órganos y tejidos debido a la inmadurez física de su cuerpo, de acuerdo con personal médico. Según versiones recabadas en el hospital, el adolescente fue quien la trasladó al nosocomio tras las complicaciones del parto.
En un pronunciamiento público, la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la Colectiva Feminista 50 más 1 manifestó su profunda preocupación e indignación ante la información difundida en medios de comunicación y redes sociales, al considerar que este caso no es un hecho aislado, sino parte de una problemática estructural que persiste en comunidades indígenas del estado.
La organización recordó que, en junio de 2024, luego de que se diera a conocer que Chiapas ocupaba el primer lugar nacional en embarazos adolescentes, el Congreso del Estado dio un paso histórico al aprobar reformas legales para prohibir y sancionar el matrimonio infantil. Sin embargo, advirtió que la realidad demuestra que la ley no se está aplicando de manera efectiva.
“Estas uniones continúan ocurriendo sin que autoridad alguna intervenga para prevenirlas, investigarlas o sancionarlas”, señaló la Comisión, al tiempo que subrayó la ausencia de acciones contundentes por parte de las instancias responsables.
Personal médico de hospitales de San Cristóbal de las Casas confirmó que los casos de niñas embarazadas son frecuentes. “Aquí es pan de todos los días”, expresaron, al señalar que atienden de manera constante partos de menores de edad y emergencias obstétricas derivadas de embarazos mal atendidos en comunidades indígenas.
Un ejemplo reciente es el caso de Maura, otra menor tsotsil que fue llevada de urgencia al hospital luego de que no pudiera dar a luz en su domicilio con ayuda de una partera tradicional. La pelvis de la niña no permitió el paso del bebé y fue trasladada cuando ya presentaba al feto parcialmente expuesto, por lo que el personal médico tuvo que practicarle una cesárea de emergencia.
Para la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la Colectiva 50 más 1, estos hechos evidencian graves violaciones a los derechos humanos de niñas y adolescentes, particularmente en contextos de pueblos originarios, donde persisten prácticas como el matrimonio y las uniones infantiles forzadas, pese a estar prohibidas por la ley.
La organización calificó como “especialmente alarmante” que no exista una política pública integral, clara y sostenida por parte de las autoridades competentes, en particular de la Secretaría de la Mujer, orientada a prevenir, erradicar y atender los matrimonios infantiles, así como a garantizar la protección efectiva de niñas y adolescentes en situación de riesgo.
“La maternidad forzada en niñas es consecuencia directa de la omisión del Estado, de la normalización de prácticas que constituyen violencia sexual y de la falta de acciones interinstitucionales con enfoque intercultural, de género y de derechos de la niñez”, advirtió la colectiva.
Subrayó: “Las niñas no son esposas ni madres por elección. Son sujetas de derechos y el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizarlos. El silencio institucional y la omisión también son formas de violencia”.
Ante ello, la Colectiva Feminista 50 más 1 exigió investigar de manera inmediata el caso, garantizar la protección integral de la menor, el acceso a la justicia y la no revictimización, así como la aplicación efectiva de la legislación que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones forzadas, sin excepciones culturales que vulneren los derechos humanos.
