La Corte tenía previsto discutir el 6 de enero un proyecto que cuestiona la reducción del plazo legal para abortar de 12 a seis semanas; organizaciones advierten un grave retroceso en derechos reproductivos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenía programado para el 6 de enero de 2026 el análisis de un proyecto clave para los derechos reproductivos en México: la reforma al Código Penal de Aguascalientes que redujo de 12 a seis semanas el plazo legal para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.
El proyecto, elaborado por el ministro Irving Espinosa Betanzo, plantea que esta reforma podría ser inconstitucional por tratarse de una medida regresiva que limita derechos ya reconocidos, particularmente el derecho a decidir, a la salud y a la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes.
La discusión deriva de acciones de inconstitucionalidad promovidas tanto por el Poder Ejecutivo Federal como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que señalan que reducir el plazo a seis semanas vuelve prácticamente imposible ejercer el derecho al aborto legal, sobre todo en contextos de desigualdad, violencia sexual o falta de acceso oportuno a servicios de salud.
Un plazo que excluye, no que protege
Diversos precedentes de la propia Corte han establecido que 12 semanas es un parámetro mínimo razonable para garantizar el acceso efectivo a la interrupción del embarazo. Reducirlo a seis semanas no solo ignora la realidad médica y social, sino que expulsa a miles de mujeres de la legalidad, obligándolas a continuar embarazos no deseados o a recurrir a prácticas inseguras.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la discusión en la SCJN no se centra en “si el aborto debe permitirse” —tema ya zanjado por el máximo tribunal—, sino en si los estados pueden imponer barreras que vacían de contenido un derecho reconocido.
Proyecto retirado, debate pendiente
Aunque el asunto estaba enlistado para su análisis al inicio del año judicial, el proyecto fue retirado de la agenda y hasta ahora no existe una nueva fecha pública para su discusión. Esta decisión generó preocupación entre organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, que advierten que cada día sin resolver el fondo del asunto mantiene vigente una norma que castiga la autonomía reproductiva.
Lo que está en juego
El caso de Aguascalientes se ha convertido en un símbolo del choque entre avances nacionales y resistencias locales. Lo que la Corte decida sentará un precedente sobre si los congresos estatales pueden dar marcha atrás en derechos reproductivos bajo el argumento de “regular”, cuando en realidad restringen.
En un país donde el acceso al aborto seguro sigue dependiendo del código postal, la discusión pendiente en la SCJN es clara: los derechos no se negocian ni se reducen. Y menos cuando se trata de decidir sobre el propio cuerpo.
