La Secretaría de Marina Armada de México confirmó la baja de cuatro elementos navales presuntamente vinculados a una red de contrabando de combustible, en un caso conocido como huachicol fiscal, que involucra a mandos de alto rango.
El anuncio fue realizado por el titular de la dependencia, el almirante Raymundo Morales Ángeles, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Ya se dieron de baja, están en proceso legal, tienen 15 días para interponer los recursos de revisión. Se dieron los fallos y estamos esperando que las autoridades determinen”, señaló el almirante, al ser cuestionado sobre el tema.
Investigación por red de contrabando
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República, entre los implicados se encuentran el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, señalados de presuntamente encabezar una red dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos, mediante esquemas de simulación de importaciones.
Ambos marinos habrían sido dados de baja mediante procedimientos administrativos, aunque el titular de la Marina evitó confirmar los nombres de los cuatro elementos sancionados.
Defensa pide respeto al debido proceso
Tras darse a conocer la medida, la defensa legal de los hermanos Farías Laguna sostuvo que no existe una sentencia firme que los responsabilice de algún delito, por lo que pidió respeto a su trayectoria y derechos laborales como militares de carrera.
“La presunción de inocencia establece que toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme”, señaló el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados.
Los abogados recordaron que la prisión preventiva tiene un carácter cautelar y no implica, por sí misma, una sanción administrativa o laboral.
“No equivale a una condena ni implica la pérdida automática de derechos laborales, administrativos o patrimoniales”, subrayaron.
Pago de haberes, conforme a la ley
La defensa también destacó que, mientras se resuelve la situación jurídica de los imputados, la legislación establece que los elementos de las Fuerzas Armadas sujetos a proceso deben recibir un porcentaje de su salario, con el objetivo de garantizar el sustento de sus familias.
“El respeto al Estado de Derecho exige no anticipar sanciones ni emitir juicios de culpabilidad fuera de los cauces institucionales”, concluyó.
