Señala MORENA uso faccioso de la justicia en detención de Axel Armendáriz
Lo que hoy ocurre en los tribunales no puede y no debe llamarse justicia, sino una operación política disfrazada de legalidad, en la que jueces y magistrados alinean sus decisiones con el poder en turno, abandonando toda noción de imparcialidad, legalidad y respeto a los derechos humanos y al pueblo.
El caso directo de esta práctica es Roberto Axel Armendáriz Silva, regidor electo de MORENA en el municipio de Rincón de Romos, quien permanece privado de la libertad en un proceso que es fabricado, manipulado y sostenido artificialmente. Su detención fue sospechosa, ya que el 10 de octubre de 2024 acudía a un citatorio como testigo a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes; al trasladarse fue interceptado. MORENA ha cerrado filas en su defensa, con el respaldo público de su dirigente estatal, Gilberto Gutiérrez Lara, quien advierte que no se permitirá que el Poder Judicial sea utilizado como un garrote político contra la oposición.
MORENA lanzó una acusación directa y contundente contra el régimen blanquiazul en Aguascalientes, al denunciar que el sistema de justicia del Estado ha sido capturado y utilizado como un instrumento de persecución política contra quienes no se alinean con los intereses del partido azul. Para MORENA y el pueblo, esta politización de la justicia se manifiesta en prácticas gravísimas, como la presunta implantación de armas, fabricación de delitos y manipulación de pruebas, con el objetivo de criminalizar a militantes y representantes del movimiento, dañar su reputación pública y expulsarlos de la vida política por la vía judicial. La licenciada Marisa Ru García, abogada defensora de Axel Armendáriz, menciona que el proceso presenta irregularidades estructurales que evidencian una intención clara del partido azul de obstaculizar la defensa.
Marisa Ru, quien a partir de enero de 2025 asumió formalmente la defensa, promovió diversos actos de investigación con el objetivo de demostrar y evidenciar las irregularidades cometidas por la Fiscalía General de la República. Sin embargo, dichas diligencias comenzaron a enfrentar obstáculos sistemáticos, ya que agentes del Ministerio Público manifestaron que existía una consigna para no atender ni desahogar los actos de investigación solicitados por la defensa. Pese a estas resistencias, se logró avanzar parcialmente en la investigación.
No obstante, actualmente el órgano que está negando el ejercicio pleno del derecho de defensa es el Tribunal Colegiado de Apelación del Estado de Aguascalientes. En una primera instancia, la jueza de control había admitido las pruebas ofrecidas por la defensa para ser desahogadas en juicio. Posteriormente, ante la inconformidad de la Fiscalía con dicha determinación, se interpuso un recurso de apelación.
Al conocer del asunto, el Tribunal Colegiado de Apelación revocó la decisión de la jueza de control y resolvió que Roberto Axel Armendáriz Silva fuera enviado a juicio sin que se le permitiera presentar ni desahogar las pruebas ofrecidas por su defensa. En consecuencia, se dictaminó que el imputado debe enfrentar el juicio en estado de indefensión, al impedirle acreditar su versión de los hechos y al obstaculizar deliberadamente los medios probatorios. Cuando se envía a una persona a juicio sin pruebas, la presunción de inocencia deja de existir y el derecho de defensa se convierte en una ficción.
Ante estas irregularidades, en el mes de julio se presentaron denuncias por presuntos abusos de autoridad ante la Fiscalía de Asuntos Internos de la propia Fiscalía General de la República. A partir de ello, la autoridad decidió remitir la carpeta de investigación a la Ciudad de México, bajo la clasificación de asuntos complejos, sin que hasta la fecha se haya garantizado el acceso efectivo a una defensa adecuada.
Marisa Ru García hizo un llamado público a las autoridades competentes y al gremio de abogados, solicitando respaldo para garantizar el óptimo y libre ejercicio del derecho de defensa, y expresó su temor ante lo que considera una persecución sutil pero evidente en su contra, derivada de haber exhibido las irregularidades cometidas por la Fiscalía. En el lenguaje jurídico, esta conducta es inequívoca y refleja una represalia directa por haber señalado que la Fiscalía General de la República no ha permitido que Axel se defienda en condiciones de legalidad y equilibrio procesal.
Los dirigentes de MORENA advirtieron que estas acciones no son hechos aislados, sino parte de una estrategia sistemática del partido azul para intimidar, silenciar y destruir políticamente a quienes representan un proyecto distinto, cercano a los intereses del pueblo. “El mensaje es claro: quien no se somete, quien no obedece y quien no se alinea, será perseguido”. MORENA sostiene que estas prácticas traicionan el Estado de derecho y colocan a Aguascalientes en un escenario alarmante, donde la justicia deja de servir a la ciudadanía y se convierte en un instrumento al servicio de una élite política que busca conservar el poder a cualquier costo. Lo que debería proteger al pueblo hoy lo deja indefenso frente a un Estado que ha renunciado a garantizar justicia y certeza procesal. Sin certeza jurídica no existe un Estado fuerte, y cuando la justicia se quiebra, se quiebra la paz.
Los militantes permanecen unidos, firmes y organizados, y no guardarán silencio. Se acudirá a todas las instancias legales, nacionales e internacionales, para denunciar estos abusos. “La justicia no puede ser un arma contra quienes piensan distinto. Hoy persiguen a Axel Armendáriz (MORENA); mañana será cualquier ciudadano que haga ruido, y no se le dará debida justicia”.
