A solo horas de asumir el cargo, la nueva gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, firmó una orden ejecutiva que revoca la cooperación del estado con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), marcando un giro inmediato frente a la política migratoria impulsada por su antecesor republicano, Glenn Youngkin.
La medida anula las disposiciones que permitían y alentaban a agencias estatales incluida la Policía Estatal de Virginia a colaborar con ICE mediante acuerdos del programa 287(g), los cuales facultan a autoridades locales a realizar funciones propias de control migratorio bajo supervisión federal.
Un cambio de rumbo en inmigración
Spanberger, demócrata y excongresista, justificó la decisión al señalar que la aplicación de las leyes migratorias es responsabilidad del gobierno federal, no de las autoridades estatales o locales. De acuerdo con su administración, obligar a policías y agencias estatales a actuar como agentes migratorios desvía recursos, afecta la labor de seguridad pública y erosiona la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden.
“La seguridad pública se fortalece cuando las personas pueden acudir a la policía sin miedo a ser detenidas por su estatus migratorio”, han sostenido organizaciones defensoras de derechos civiles que celebraron la decisión.
¿Qué se cancela y qué no?
Aunque la orden ejecutiva revierte la directiva del gobierno anterior, no implica la cancelación automática de todos los acuerdos vigentes con ICE. Algunos convenios 287(g) podrían seguir activos hasta que sean rescindidos formalmente, lo que abre un periodo de transición y posibles disputas legales o políticas a nivel local.
Aun así, el gesto político es claro: Virginia deja de promover activamente la cooperación migratoria estatal con ICE y se aleja del modelo de “mano dura” impulsado durante la administración Youngkin.
Reacciones encontradas
La decisión provocó una rápida polarización política. Legisladores republicanos y sectores conservadores acusaron a Spanberger de convertir a Virginia en un “estado santuario” y de poner en riesgo la seguridad pública. En contraste, organizaciones proinmigrantes y activistas de derechos humanos consideran que la medida reduce la criminalización de personas migrantes y alinea al estado con estándares de protección de derechos civiles.
Un mensaje desde el primer día
Más allá de su impacto inmediato, la orden ejecutiva enviada por Spanberger funciona como un mensaje político contundente: su gobierno no hará de la persecución migratoria una prioridad estatal. En un contexto nacional marcado por el endurecimiento del discurso antiinmigrante y el uso de fuerzas locales para tareas federales, Virginia se suma a los estados que buscan delimitar el papel de la policía frente a la migración.
El debate está lejos de cerrarse, pero el primer acto de gobierno de Abigail Spanberger deja claro que, al menos en Virginia, la migración no será tratada como un delito desde el poder estatal.
