Ya hay nuevo juez
Ayer, en la Diputación Permanente del Congreso Local, tomó protesta como juez de Control y Juicio Oral Penal Miguel Ángel Arellano Aranda, quien viene a cubrir la vacante que dejó el juez “más joven” del país, Azul Bañuelos, quien renunció de manera indefinida al cargo.
De acuerdo con la trayectoria profesional que acredita el ahora juez penal, Miguel Arellano ha ocupado diversos cargos a lo largo de su vida profesional: Gestor y asesor jurídico en la Notaría Pública Número 32 del Estado (marzo de 2000 a diciembre de 2001); asesor Jurídico en el Despacho Jurídico Díaz-Palacios-Arellano y Asociados (enero de 2001 a julio de 2004); servidor público federal, adscrito al Área de Quejas del Órgano Interno de Control del INEGI, como abogado dictaminador de Servicios Especializados (julio de 2004 a octubre de 2006).
Posteriormente fue servidor público estatal en el Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes (octubre de 2006 a junio de 2016); servidor público estatal adscrito a la Dirección General de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado (junio de 2016 a enero de 2017); abogado litigante o de articular, brindando asesoría jurídica judicial y extrajudicial en materias civil, familiar, mercantil, administrativa y corporativa, como titular de despacho propio (marzo de 2017 a marzo de 2018, con un breve receso intermedio).
También se desempeñó como agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Investigación contra el Robo de la Fiscalía General del Estado; proyectista de magistrado en la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; director jurídico del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (julio de 2018 a enero de 2022); y nuevamente proyectista de magistrado adscrito a la Sala Penal, cargo que ocupaba hasta su reciente designación, encargado de la elaboración de proyectos de resolución de los tocas correspondientes.
Con este nombramiento, el Poder Judicial local queda completo en cuanto a su integración… si es que no hay otra renuncia.
¿Entonces fue pura campaña?
Lorena Josefina Pérez Romo renunció al cargo de magistrada del Órgano de Administración Judicial (OAJ), mismo que había asumido en septiembre de 2025. Esta dimisión representa la primera renuncia de alto nivel dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) tras la elección judicial de junio de 2025.
Al parecer, la salida se dio por diferencias internas, lo que vuelve a poner sobre la mesa el experimento de la reforma judicial, cuyos efectos siguen dando de qué hablar.
Por cierto, no hay que olvidar que durante la campaña varios magistrados y jueces federales prometieron informar, rendir cuentas y hasta visitar colonias. Hoy la pregunta queda en el aire: ¿cumplirán o todo fue campaña?
MIAA y sus quejas
Nuevo año, pero las mismas quejas para el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA). El proyecto prometía eficiencia en el servicio de agua potable y se vendió con el lema de que “el agua es nuestra”, tras 30 años de concesión a una empresa privada.
Sin embargo, la realidad es otra. A MIAA se le complica garantizar el servicio a toda la población. Las quejas en los fraccionamientos del oriente ya eran conocidas, pero ahora la falta de agua llegó incluso a zonas del centro de la ciudad. Vecinos y comerciantes aseguran llevar más de un mes sin agua, y aunque han presentado reportes y reclamaciones, no han sido atendidos.
Mientras tanto, MIAA va con calma, se toma su tiempo y no se apresura, pese a la cantidad de reportes. Para nadie es un secreto que, en la creación del organismo, hubo reparto político de posiciones entre regidores y síndicos, como pago por apoyos de campaña. Si sumamos burocracia y falta de experiencia en algunos cargos clave, el resultado es un servicio deficiente. Ni modo: se tenía que decir y se dijo.
Nada más por entretenimiento
En la Diputación Permanente del Congreso local se armó un debate entre diputados morenistas, encabezados por Fernando Alférez, y legisladores del PAN, por el tema de la detención de Nicolás Maduro.
Si bien el intercambio fue entretenido y evitó que más de uno se durmiera durante la sesión, la realidad es que el debate pareció más un modelo de Naciones Unidas de preparatoria. Digamos lo que digamos, desde lo local no se decide la política exterior. Esos temas corresponden a funcionarios federales, representantes internacionales y senadores. Aquí, la opinión no trasciende fronteras. Eso sí, al menos nos entretuvieron un rato.
Denuncia por el descarrilamiento del Tren Interoceánico
Prueba de fuego tendrá la nueva titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, para sacudirse el estigma de “fiscal carnal” tras su ratificación en el Senado de la República.
Las personas afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico presentaron una denuncia por el delito de lesiones. A través de su representante legal, señalaron que desde 2019 la obra ya tenía observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, con inconsistencias que representaron un daño al erario por 4 millones 13 mil 760 pesos solo ese año.
En la auditoría de 2023, las irregularidades en esta obra “insignia” del gobierno de AMLO arrojaron afectaciones por 25 millones de pesos adicionales. Mientras el tema vuelve a la agenda pública, legisladores federales del PAN denuncian que no hay información sobre la auditoría de 2024, por lo que nadie sabe qué otras irregularidades podrían salir a flote.
Primera audiencia de Nicolás Maduro
Durante la primera audiencia de Nicolás Maduro, juristas internacionales destacaron tres declaraciones clave: afirmó ser Presidente en funciones de Venezuela, se declaró inocente de los cargos que se le imputan y se asumió como prisionero de guerra.
Estas afirmaciones no son casuales. Todo apunta a que la estrategia de defensa del mandatario venezolano será llevar el caso a la justicia internacional, y no a la justicia penal de los Estados Unidos. Si la jugada le resulta, podría no salir tan mal librado.
Mientras tanto, Venezuela sigue siendo un caos de gobernabilidad, sin pies ni cabeza en la organización de sus poderes. Habrá que ver cómo avanza el juicio, mientras siguen sin existir sanciones de organismos internacionales como la ONU contra los Estados Unidos.
