El tema de la venta y renta de inmuebles ha causado un fuerte impacto en la vida de las y los mexicanos, no solo por los altos costos económicos que significa tener que comprar una casa en la actualidad, sino también por lo que representa tener que trabajar para poder pagar una renta que cada año va en aumento.
Frente a este panorama, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional el decreto del gobierno de la Ciudad de México que establece que el límite al aumento de la renta anual de un inmueble no debe superar los índices de inflación, esto en el marco de los derechos y accesos al tema de una vivienda digna en el país.
¿Qué es lo que se busca con el freno al incremento anual de las rentas a inmuebles?
Dicha resolución sobre el tema de los costos anuales en las rentas de inmuebles en la CDMX se derivó de un análisis al amparo en revisión 546/2025, el cual fue promovido por la empresa inmobiliaria Urbanhub México, la cual impugnó las reformas al Código Civil y a la Ley de Vivienda realizadas en agosto de 2024.
Sobre este tema, el ministro Hugo Aguilar Ortiz enfatizó que el límite a las rentas no despoja al arrendador de sus ganancias, sino que solo preserva el valor real de los pagos.
Derivado de estas nuevas medidas, la SCJN busca que los pagos dejen de ser un mecanismo de presión económica para el inquilino; por el contrario, el objetivo gira en torno a evitar que las personas con menos recursos corran el riesgo de ser expulsadas de sus hogares a causa de la crisis económica o la inflación que se vive cada año.
¿Qué fue lo que dijo la SCJN sobre el tema de las rentas?
Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama señaló que en los últimos 20 años el costo del suelo en la Ciudad de México se ha incrementado en un 800%, además de que algunas de las medidas regulatorias analizadas aseguran una ganancia justa para los propietarios de viviendas en renta, al mismo tiempo que estas medidas deben ser garantizadas para quienes viven en inmuebles de alquiler.
La ministra también agregó el notorio descenso del número de personas que viven en vivienda propia, pues durante el año 2000 el 71% de los habitantes de la capital del país eran dueños del inmueble que habitaban, mientras que para el año 2020 esta cifra se redujo considerablemente al 50%.
Es decir, para ese año solo la mitad de la población de la capital era dueña de su hogar, mientras que la otra mitad tenía que pagar una renta mensualmente.
A pesar de estos nuevos límites a las rentas, siguen existiendo razones para que dichas acciones no funcionen
A pesar de la validez jurídica que tienen este tipo de acciones, muchos analistas en bienes raíces, junto con algunas especialistas, han señalado la existencia de vacíos importantes.
Una de ellas es la abogada Carla Escoffie, quien declaró que el concepto de un límite a las rentas no es algo nuevo para la CDMX, pues anteriormente ya existía un tope del 10% que con frecuencia era ignorado, junto con la falta de mecanismos idóneos y eficaces para que los inquilinos puedan exigir el cumplimiento de esta ley.
Otro de los puntos críticos señalados es que el límite a las rentas solo aplica para el incremento anual de un contrato de arrendamiento vigente o en su renovación. Sin embargo, además de que los caseros pueden fijar libremente el precio inicial al ofertar una propiedad vacía, también existe el hecho de que no todos los ciudadanos cuentan con un contrato o un proceso formal en la renta de sus viviendas.
Una vez señaladas estas condiciones, otra parte de los analistas ha informado que, para que el límite de las rentas funcione, es necesario que existan registros públicos de contratos que permitan verificar el historial de costos de un inmueble.
No obstante, estas condiciones no son bien recibidas por el sector inmobiliario, que argumenta que poner límites a las rentas podría desincentivar la inversión en vivienda nueva o el mantenimiento de las propiedades ya existentes, incluso más de lo que ocurre en la actualidad.
