Así lo explican los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) ante un juez de control del Estado de México, para obtener la orden de aprehensión que le fue cumplimentada a Rivera Navarro y a la que Proceso tuvo acceso.

De acuerdo con diferentes testimonios obtenidos por la FGR, el alcalde de Tequila, Jalisco, pactó con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) un pago anual de 40 millones de pesos del erario a cambio de obtener su respaldo para presidir Tequila y controlar el cobro de piso, secuestros y extorsiones en el municipio.

Conforme a la orden de captura emitida el 31 de enero último por el juez de control Mario Elizondo Martínez, la FGR acusa a Rivera Navarro y Juan Gabriel Toribio, director del Catastro y Predial del municipio, por delincuencia organizada en su hipótesis de secuestro y secuestro agravado, delitos por los que podrían enfrentar una pena de 20 a 40 años de prisión; así como a sus colaboradores en el gobierno municipal, Diego López, Juan Manuel Pérez, Julio César Limón y Severo Flores, quienes podrían enfrentar penas de 10 a 20 años de cárcel.

De acuerdo con el documento, la FGR indicó que, por lo menos desde marzo de 2021 a la fecha, el alcalde y sus excolaboradores han formado parte de una organización delincuencial sin nombre para cometer dichos delitos utilizando sus cargos públicos con el objetivo de extorsionar a comerciantes y empresarios.

Valiéndose de los cargos públicos que ostentan algunos de sus miembros –señala el Ministerio Público federal–, realizan actos de secuestro de comerciantes y figuras políticas utilizando gente armada para trasladarlas a casas de seguridad ubicadas en Tequila, privándolas de su libertad, exigir un pago de rescate a sus familiares en dinero u obligándolas a firmar documentos para sus fines, incluso pidiendo cuotas a pequeños y medianos comerciantes y obtenido éste, liberan a las víctimas.

Entre los eventos que la FGR vincula a las actividades delictivas supuestamente ejecutadas por Rivera Navarro está el secuestro de Guillermo Cordero García, ocurrido el 24 de marzo de 2021, mientras se encontraba en el restaurante La Posta, cuando éste era precandidato de Morena a la alcaldía de Tequila.

“Diego Rivera Navarro y Juan Gabriel Toribio Villarreal utilizando gente armada privaron de la libertad a G. C. G. (Guillermo Cordero García) precandidato a la presidencia municipal de Tequila, Jalisco, subiéndolo a punta de arma de fuego a una camioneta colocándole una tela para tapar su rostro, manteniéndolo boca abajo y esposado, trasladándolo a un terreno baldío en donde empleando la violencia física lo coaccionan para que renunciara a su candidatura a la presidencia municipal de Tequila, Jalisco, por el partido Morena, para posteriormente trasladarlo a una casa de seguridad donde lo agredieron y lo forzaron a llamarle a la diversa víctima J. A. G. G. (Julio Alejandro García Gutiérrez), compañero de fórmula quien tenía el carácter de suplente, citándolo en las oficinas del INE, esto con el mismo fin de obtener su firma mediante el uso de coacción para renunciar a su postulación”, describe la FGR.

Testimonios

Aquel 24 de marzo de 2021, cerca de las 18:31 horas, Cordero García y García Gutiérrez presentaron su renuncia a la candidatura formalmente ante el INE.

Medios locales reportaron que presentaron su renuncia supuestamente pasada ante la fe del Notario Público número 2, Juan Hernández Rivas, de Tapalpa, pero en el documento no se especifica el día de su comparecencia ante dicho fedatario sino únicamente la hora: las 11:35 horas.

El hecho y la presunta participación de Rivera Navarro fueron referidos por diversos testigos de la FGR, entre ellos la regidora Alondra Romero Cordero, sobrina de Guillermo Cordero.

“Diego llevó a un notario para que mi tío firmara un desistimiento por la candidatura, este notario trabaja para este grupo criminal, el desistimiento de la candidatura debe estar en los registros de Morena Jalisco y el notario que aparece es el que trabaja con este cártel”, afirmó.

La regidora también indicó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización a la que la FGR vincula al alcalde, ha permitido a Rivera Navarro operar en Tequila a cambio de que éste les entregue el dinero obtenido de las extorsiones millonarias a los empresarios tequileros.

“El presidente (municipal) reparte el dinero de las extorsiones millonarias de los empresarios tequileros al Cártel Jalisco, y a cambio el Cártel Jalisco le permite enriquecerse y robar por medio de un sistema de multas y clausuras y cobros de derecho de piso ilegales, cobran a los locatarios y a pequeños comerciantes, y sumas millonarias a las empresas José Cuervo, la fábrica La Cofradía, la fábrica Lieros, La Rienda”, detalló.

La regidora Evelin Sarahí Castañeda Chávez también declaró sobre el acuerdo que supuestamente realizó Diego Navarro para obtener el respaldo del CJNG rumbo a la presidencia municipal de Tequila:

“Diego (Rivera Navarro) pactó con este grupo ofreciéndoles 40 millones de pesos por año, producto del erario, a cambio Diego trabajará recabando el dinero, sé que Diego tiene un gabinete que opera las extorsiones, cobro de piso, levantones y todo lo que él ordena para sacar dinero ilícito, su secretario de Seguridad es Juan Manuel Pérez Sosa, sé que el jefe de gabinete, Diego López, se encarga de toda la logística y organiza el cobro de extorsiones y secuestros; Francisco Rivera Gutiérrez es el encargado de facilitar las suspensiones, clausuras y es cuñado de José Gutiérrez Guzmán, por eso tienen en la nómina a su familia o al menos trabajan ahí cobrando y recabando cobro de piso en puestos, mercados y comerciantes, traen mucha gente”, señaló.

La regidora Luz Elena Aguirre Sandoval también declaró que el alcalde y su esposa llevan una vida ostentosa de lujos que no se explica con el sueldo de este como funcionario público.

Agentes federales lograron identificar que Raquel Nañez Bugarín, esposa de Diego Rivera Navarro, ha viajado a Madrid, España; Zúrich, Suiza; Venecia, Capri y Roma, en Italia; Paris, Francia; Londres, Inglaterra, y a Panamá.