- Fiscalías estatales y autoridades federales fortalecen la coordinación para combatir la extorsión
- Se busca una respuesta institucional firme, coordinada y permanente contra este delito
- El encuentro forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión
Ante un delito que lacera a la sociedad y exige una respuesta contundente del Estado, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, presidió el Encuentro Nacional de Procuradurías y Fiscalías Estatales en materia de Extorsión, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, donde subrayó que no puede haber tolerancia ni espacio para la impunidad.
Durante su intervención, destacó que la coordinación entre instituciones fortalece la capacidad del Estado, y que cuando los gobiernos estatales, federales y municipales actúan como un solo frente, se reducen los espacios para la delincuencia y se avanza en la recuperación de la tranquilidad social. En este sentido, insistió en dejar atrás los esfuerzos aislados y construir una respuesta de Estado firme, coordinada y permanente.
El encuentro se llevó a cabo en el Parque Nacional de Justicia, donde responsables de las fiscalías estatales encargadas de investigar los delitos de extorsión y secuestro, junto con representantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, compartieron experiencias, identificaron problemáticas comunes y plantearon propuestas orientadas a establecer parámetros compartidos, generar líneas de acción y fortalecer la comunicación directa con instancias federales.
Godoy Ramos recordó que en el último año se avanzó en la construcción de un andamiaje constitucional y legal más adecuado para fortalecer la estrategia contra la delincuencia, y señaló que este foro representa una oportunidad para construir acuerdos sólidos que se traduzcan en resultados concretos, reforzando capacidades y profundizando la colaboración interinstitucional.
En el encuentro también participaron autoridades del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal y el Centro Nacional de Inteligencia, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la coordinación institucional para procurar justicia, bienestar y mayor confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
