- Congreso de Aguascalientes declaró 2026 como Año de la Maternidad y la Primera Infancia y aprobó reformas en justicia, fiscalización y desarrollo social
- Legislatura avaló cambios constitucionales, penales y fiscales, además de medidas en vivienda, transporte, derechos laborales y protección ambiental
En el marco del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el Pleno de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó el Punto de Acuerdo mediante el cual se declara el año 2026 como “Año de la Maternidad y la Primera Infancia”, una medida que busca colocar en el centro de la agenda pública la protección y el desarrollo integral de este sector de la población.
La propuesta, presentada por diputadas y diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y Fuerza por Aguascalientes, fue respaldada por diversas fuerzas políticas. Durante su presentación en tribuna, la diputada Jedsabel Sánchez Montes destacó la importancia de impulsar políticas públicas orientadas al reconocimiento de las madres y al bienestar de niñas y niños en sus primeros años de vida, al considerar que esta etapa resulta determinante para su desarrollo social y educativo.
Las y los promoventes señalaron que la declaratoria pretende visibilizar la necesidad de generar entornos seguros, fortalecer el acceso a servicios de salud, educación y acompañamiento familiar, así como consolidar acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno para atender a la población infantil y a las mujeres en etapa de maternidad.
A la iniciativa se sumaron la legisladora Genny López, del Partido Verde, y el diputade Rodrigo González Mireles, de Morena, quienes manifestaron su respaldo al acuerdo y coincidieron en la relevancia de fortalecer políticas públicas que atiendan de manera integral a la niñez y a las madres.
Posteriormente, el Pleno continuó con el desahogo del orden del día del Periodo Extraordinario, en el que se abordó una agenda legislativa amplia en materia de justicia, seguridad, fiscalización, desarrollo urbano, hacienda pública, vivienda, derechos laborales y fortalecimiento institucional.
Previo al inicio de los trabajos, se eligió a la Mesa Directiva encargada de conducir la sesión, la cual quedó integrada por Salvador Maximiliano Ramírez Hernández en la Presidencia; Alejandra Peña Curiel en la Vicepresidencia; Jedsabel Sánchez Montes como Primera Secretaria; Lucía de León Ursúa como Segunda Secretaria, y Daniela Miyuky López Muñoz como Prosecretaria.
Durante la sesión, el Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que adiciona el artículo 71 Bis al Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado y sus Municipios, con el objetivo de armonizar la legislación local con el marco federal, proteger la libertad sindical y sancionar la injerencia indebida de servidores públicos.
Asimismo, se avalaron reformas constitucionales en materia de fiscalización y procuración de justicia. Entre ellas, la modificación al artículo 27 B de la Constitución local, que precisa los requisitos para ocupar el cargo de Auditor Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, y la reforma al artículo 59 A para ampliar de siete a nueve años la duración del cargo del Fiscal General, con el propósito de fortalecer la estabilidad institucional y la continuidad en la política de procuración de justicia.
En materia hacendaria y administrativa, el Congreso autorizó reformas a la Ley de Ingresos del Estado para permitir descuentos en la transmisión de concesiones del servicio de transporte público, así como modificaciones al Código Fiscal y a la Ley de Hacienda estatal para reconocer como aprovechamientos los ingresos derivados del uso de bienes del dominio público e incorporar una cuota del dos por ciento a plataformas digitales de intermediación.
También se aprobaron dictámenes vinculados con el desarrollo urbano y la vivienda, entre ellos la autorización para que el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad ejerza actos de dominio destinados a la construcción y comercialización de vivienda en el fraccionamiento Natura, en la capital del estado, y en la Primera Unidad del Distrito de Riego, en Pabellón de Arteaga.
En el ámbito penal, el Pleno avaló reformas al Código Penal para ampliar la descripción del delito de extorsión, establecer sanciones más severas y crear el tipo penal de reclutamiento forzado de personas, incluyendo agravantes cuando las víctimas sean menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se incorporaron disposiciones para sancionar el uso de sistemas de inteligencia artificial como herramienta en la comisión de delitos.
De igual forma, se aprobó la reforma a la Ley de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, que cambia su denominación a Procuraduría Estatal de Protección Ambiental y Animal, con el fin de armonizar su estructura jurídica con las funciones que desempeña en materia de defensa ambiental y bienestar animal.
Entre los asuntos destacados también se encuentra la reforma al Código Civil en materia de pensiones alimenticias, que establece el incremento automático anual mínimo equivalente al salario mínimo, la determinación de una fecha mensual para efectuar el pago y la obligación de fijar una garantía en caso de incumplimiento.
