- Paulo Martínez advirtió que, hasta ahora, no existe una iniciativa formal de modificación del marco comicial en la Cámara de Diputados
- Criticó la nueva ley de aguas por vicios legislativos y por generar incertidumbre entre productores del campo
El diputado federal Paulo Martínez mencionó los principales temas que actualmente ocupan la agenda legislativa nacional, entre ellos la posible reforma electoral y la reciente aprobación de la ley de aguas, asuntos que, dijo, requieren análisis responsable, certeza jurídica y un debate abierto basado en documentos formales y no únicamente en declaraciones mediáticas.
El legislador señaló que, si bien desde septiembre del año pasado se ha hablado de manera reiterada sobre una reforma electoral, hasta el momento no existe ninguna iniciativa presentada formalmente en la Cámara de Diputados. Explicó que lo único que se ha conocido son posturas expresadas por diversos actores políticos, como la presidenta de la República, coordinadores parlamentarios y partidos aliados, sin que exista un documento concreto que permita una discusión objetiva.
Martínez subrayó que toda reforma electoral debe tener como eje central el fortalecimiento de la democracia y de los organismos autónomos, particularmente del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de garantizar procesos electorales más confiables. Añadió que, aunque existe una percepción negativa hacia el trabajo de los diputados, es necesario analizar cada caso y evitar generalizaciones que no reflejan la realidad legislativa.
Respecto a la integración del Congreso, el diputado federal consideró que el debate sobre la reducción del número de legisladores debe abordarse con responsabilidad, cuidando siempre el principio de representación. Explicó que no puede permitirse que un solo partido concentre mayorías absolutas, como ocurrió en el pasado, y planteó la posibilidad de explorar esquemas similares al que se aplica en Aguascalientes, donde algunas posiciones se asignan a los llamados “mejores perdedores”, con base en su competitividad electoral.
En otro tema, Paulo Martínez abordó la polémica generada por la nueva ley de aguas, una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que sufrió múltiples modificaciones durante su proceso legislativo. Detalló que del proyecto original al dictamen final se registraron alrededor de 60 cambios, lo que derivó en una legislación que, a su juicio, presenta deficiencias de origen.
El legislador advirtió que la nueva ley genera incertidumbre entre los productores del campo, principal sector consumidor de agua, ya que no incentiva el ahorro del recurso y contempla sanciones. Además, criticó que se reduzcan atribuciones a los estados y que no se haya fortalecido presupuestalmente a la Comisión Nacional del Agua, la cual enfrentó una disminución significativa de recursos entre 2025 y 2026.
Finalmente, informó que su grupo parlamentario ha solicitado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que la ley incumplió con la consulta obligatoria a pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, además de presentar vicios en su trámite legislativo. Martínez aseguró que continuarán utilizando las vías legales para revisar una norma que ya comienza a generar afectaciones en diversos sectores.
