- Dictamen plantea reducción gradual de la jornada laboral hasta 2030 y establece al menos un día de descanso por cada seis trabajados
- Oposición exige dos días de descanso y cuestiona gradualidad; oficialismo asegura que no habrá reducción de salarios ni prestaciones
La discusión sobre la jornada laboral de 40 horas regresó al centro del debate en el pleno de la Cámara de Diputados, donde inició el análisis de la reforma al artículo 123 constitucional que plantea reducir de 48 a 40 horas semanales el tiempo de trabajo. La meta, en apariencia compartida por todas las bancadas, volvió a fracturarse en el detalle que más tensiona la negociación: el descanso semanal.
El dictamen establece que, por cada seis días laborados, las personas trabajadoras deberán disfrutar al menos de un día de descanso con goce íntegro de salario, y no dos, como exigen legisladores de oposición, sindicatos y organizaciones civiles. La redacción, breve y técnica, se convirtió en el punto político más controvertido de la sesión.
El proyecto contempla una implementación gradual: 48 horas en 2026; 46 en 2027; 44 en 2028; 42 en 2029, y finalmente 40 a partir de 2030. También prevé un máximo de 12 horas extraordinarias semanales con pago doble y la posibilidad de cuatro horas adicionales con salario triple. La reforma subraya que la reducción de la jornada no implicará disminución de sueldos, salarios ni prestaciones.
Desde la tribuna, la diputada panista Annia Gómez respaldó la idea de reducir el tiempo laboral, pero rechazó su aplicación escalonada y la negativa a garantizar dos días de descanso. En un discurso cargado de contraste, afirmó que las condiciones de millones de trabajadores distan de los privilegios que, dijo, existen en el ámbito político, y cuestionó que la reforma pida esperar hasta 2030 para un cambio que calificó de insuficiente.
En la misma línea, el legislador priista Alejandro Domínguez acusó al gobierno federal y a Morena de prometer en 2025 una jornada de 40 horas con dos días de descanso y no cumplir. Señaló que la llamada “primavera laboral” se ha quedado en discurso y criticó que otras reformas vinculadas al artículo 123 sigan sin aplicarse plenamente.
La discusión evidenció dos narrativas que avanzan en paralelo: por un lado, la del oficialismo que defiende una transición gradual y ordenada para no afectar la economía ni el empleo; por otro, la de la oposición que insiste en que la reforma, tal como está planteada, corre el riesgo de convertirse en una reducción simbólica, sin modificar de fondo la calidad de vida de las y los trabajadores. El pleno abrió el debate; el consenso, por ahora, sigue pendiente.
