- El Comité de Participación Ciudadana busca involucrar a la sociedad en la denuncia y vigilancia contra la corrupción, además de impulsar políticas con perspectiva de género
- Uno de los retos pendientes es ampliar las políticas de paridad de género dentro de la administración pública
La presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y del Comité de Participación Ciudadana, Marcela López Serna, señaló que uno de los principales objetivos del sistema es involucrar a la ciudadanía en el combate a la corrupción, tanto en la prevención como en la denuncia de irregularidades.
Explicó que el Sistema Estatal Anticorrupción funciona como un mecanismo de coordinación entre diversas autoridades encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción. “El sistema anticorrupción es el conjunto, desde una perspectiva de sinergia, de todas las autoridades que se encargan del combate a la corrupción, desde la materia preventiva, la de sanción y la de investigación”.
López Serna destacó que dentro de este esquema el Comité de Participación Ciudadana tiene la función de acercar a la población al combate contra la corrupción y promover que las personas utilicen herramientas como la denuncia y el acceso a la información pública. “Pretendemos ciudadanizar el combate a la corrupción, que la gente se apropie de que las afectaciones son en su persona y que desde esa perspectiva despliegue acciones para la denuncia, para el señalamiento y para el ejercicio del acceso a la información pública”.
En el marco del foro “Las mujeres y la lucha contra la corrupción”, la funcionaria también destacó la importancia de incorporar una perspectiva de género en las políticas anticorrupción, debido a que la corrupción tiene efectos diferenciados en las mujeres.
En este sentido, explicó que desde el comité se han impulsado recomendaciones para auditar los recursos públicos destinados a programas dirigidos a mujeres, con el objetivo de garantizar que realmente beneficien a este sector.
Asimismo, señaló que uno de los retos pendientes es ampliar las políticas de paridad de género dentro de la administración pública, ya que actualmente muchas designaciones de funcionarios no se rigen por este principio.
También mencionó la propuesta de extender la “3 de 3 contra la violencia de género” como requisito no solo para candidaturas electorales, sino también para el ingreso a cargos públicos. “También queremos no tener funcionarios públicos que sean deudores alimentarios”.
López Serna señaló que la corrupción sigue siendo un fenómeno presente en la vida cotidiana, en parte porque muchas personas la han normalizado como una forma de agilizar trámites.
Sin embargo, advirtió que permitir estas prácticas generan mayores afectaciones en los servicios públicos y en el acceso a derechos. “La corrupción está vinculada con la impunidad que el Estado ha generado, por eso es importantísimo participar desde el señalamiento y desde la denuncia”, concluyó.
