Cosas veredes
¿Reforma incierta?
Finalmente, la iniciativa presidencial para la reforma electoral, anunciada desde la campaña electoral de 2024, llegará a la Cámara de Diputados sin consenso previo de un bloque suficiente para las modificaciones constitucionales eventualmente propuestas. No significa un fracaso político de la presidenta Sheinbaum, sino más bien un ejercicio político democrático que muestra la situación del país y algunas de las características del proceso de la cuarta transformación.
MORENA es el partido mayoritario y gobernante del país, y aunque la oposición política está debilitada, los aliados del bloque gobernante de la Cuarta Transformación, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, tienen sus propios intereses políticos y se niegan a avalar cambios legales que debiliten su presencia y su peso político.
Son estructuras y dirigencias experimentadas y saben a cabalidad que, así como pueden oponerse a nuevas reglas políticas, el hecho de bloquear la iniciativa presidencial y de su aliado gobernante, tendrá con seguridad un costo político importante, pues el trato en la alianza no será el mismo y la confianza ciudadana en sus siglas podría verse afectada ya que en un plazo no muy lejano es posible que en los comicios de 2027 surjan dos nuevos partidos aliados de MORENA.
Los actuales aliados de MORENA tienen que resolver la disyuntiva y saben que ninguna salida será sencilla.
El liderazgo de la 4T, al plantear los términos de la reforma electoral anunciada, enfrenta una situación límite de la realidad política, pues su propuesta política tendrá que ser debatida, negociada y acordada, cuando hasta ahora, los cambios proyectados incluso los que parecían más complejos, como la elección judicial, fueron resueltos con obstáculos, pero con eficiencia.
El problema central de la reforma prometida ha radicado en el hecho de que las propuestas torales de su contenido tienen mucha popularidad entre la población del país, y siempre han sido vistas con recelo por la clase política de todos los partidos políticos: la eliminación o remodelación del sistema de representación proporcional, la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y el adelgazamieto del aparato nacional electoral y el costo de los procesos electorales.
Esos planteamientos centrales de la propuesta de reforma dificultaron las posibilidades del consenso político, y aunque en la gira que realizó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se realizaron cientos de foros y consultas y se recabaron avales, simpatías y formulaciones para llevar a cabo las modificaciones pretendidas, los acuerdos parlamentarios no llegaron.
El tema más debatido es la desaparición o remodelación del sistema de elección por representación proporcional a través de listas plurinominales en el ámbito federal, estatal y municipal. Para los partidos minoritarios es un tema sensible porque su participación en los órganos legislativos y ayuntamiento depende mucho de ese sistema y se ha venido afinando desde 1979 como mecanismo de inclusión de las minorías electorales y para acotar los fenómenos de la sobre y sub representación en las cámaras legislativas y ayuntamientos.
La propuesta anunciada por la presidenta Sheinbaum, en el sentido de eliminar los 32 senadores de representación proporcional, y por otra parte que se mantengan los 300 diputados federales electos por mayoría relativa, y modificar la representación proporcional para que en lugar de listas plurinominales se asignen 100 por desempeño en elecciones distritales, y 100 más por elección directa en listas regionales, ha sido rechazada en principio por la oposición y también por las bancadas de los dos partidos aliados de MORENA, el PVEM y el PT.
El argumento que presentan consiste, por un lado, en que la eliminación de senadores de representación proporcional puede significar un retroceso en la representación federal y en la inclusión de las fuerzas minoritarias, y por otro en que la elección directa en listas regionales, deja en total desventaja a los partidos con menor estructura territorial, y algo similar es la explicación para rechazar la reducción de financiamiento público a los partidos políticos.
En la reducción a la estructura y presupuesto del INE, lo más discutible ha sido la eliminación tanto del Servicio Profesional Electoral como el funcionamiento permanente de las juntas distritales electorales. La presidenta del INE, de forma inesperada, manifestó su desacuerdo al igual que los partidos de oposición, en uno de los aspectos de las modificaciones propuestas: la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares, pues asegura que ha sido un instrumento estratégico para dar certeza a los procesos electorales, y también para la distensión política post electoral.
La propia presidenta Sheinbaum ha abierto, al igual que varios analistas, la posibilidad de que la iniciativa electoral no sea aprobada en los términos propuestos por ella. Sería algo inédito, pues en los últimos 50 años, las reformas electorales han sido reflejo del consenso ante una necesidad política y, aun así, en esta ocasión parece que lo más viable no será un rechazo, sino una salida negociada con los aliados, lo cual no deja de darle a la iniciativa que llegará hoy o mañana a la Cámara de Diputados el carácter de una reforma incierta.
@gilbertocarloso
