Más allá de la ramplonería del santoral cívico oficial y aprobada la reciente “reforma energética” se ha dado el último adiós a la Constitución social y de principios sociales y revolucionarios que se proclamó el 5 de febrero de 1917, que a su vez reformaba a la liberal de 1857. 614 reformas y adiciones entre 1917 y 2014; contra, por ejemplo, 27 enmiendas a la Constitución Norteamericana, que data del lejanísimo año de 1787; dan cuenta de lo poco que puede quedar a estas alturas del gran pacto social surgido de las guerras y revoluciones mexicanas del siglo XIX y principios del XX.
Es así que a escasos 3 años de convertirse en centenaria, la constitución de 1917 ha perdido su esencia. En ello coinciden expertos tan disímbolos como Jaime F. Cárdenas, Diego Valadés o Porfirio Muñoz Ledo, y son muchas las causas que provocan esta percepción, pues más allá de reformas en textos tendientes a la “modernización” que en el discurso oficial mueve a México aunque nunca quede claro -se entiende que deliberadamente- hacia dónde ni con qué propósito; quizá la más perjudicial es el abandono de muchos ciudadanos políticos y gobernantes del propósito de hacerla valer y respetarla. “Hace falta que los mexicanos creamos en las leyes y las cumplamos” decía recientemente el Ministro de La Corte José Ramón Cossío en su discurso de admisión al Colegio Nacional. Y por algo lo dice.
Suena a broma, pero no es aventurado decir que el centenario de la Constitución de 1917 no podrá conmemorarse. Porque a lo largo de su historia, los cambios introducidos a la Ley Fundamental de La República, han deformando su espíritu original. En particular las modificaciones hechas el año pasado obligan a reconocer una realidad insoslayable: la Constitución ya no es la de antes, pues aunque no lo parezca, se cambió el régimen. Importante es el hecho en sí, aunque hasta ahora se echa de menos el concepto y el sentido de la transformación. Un cambio relevante cuyo destino es incierto, tanto porque faltan en más de un caso las leyes secundarias al caso de cada reforma aplicables, como también por la más que dudosa instrumentación y aplicación de ellas. Curzio y Aguayo la llaman “ejecución” a cargo del gobierno en turno. Así que está por verse si la nueva Constitución es perro, gato o tlacuache.
Pero la efeméride es oportuna para que el gobierno diga la pretensión de la “nueva” Constitución de 2014 y prescinda del oropel y los lugares comunes a los que la clase política es tan afecta a falta de ideas y proyectos de nación alternativos al imperio de los poderes fácticos que amenazan la calidad de vida de todos los mexicanos.
La Constitución de 1917 no es la Constitución de 2014. Vistas de conjunto, las reformas suponen y pretenden un cambio de régimen: se cambió el régimen político-electoral, el educativo, el energético, el administrativo, el fiscal, el hacendario, el financiero, el laboral y el de las telecomunicaciones. El total de la suma arroja por resultado un cambio de naturaleza y propósito más que incierto. La sandez política ha dado lugar a una práctica legislativa que opera cambios diversos sin mirarlos de conjunto. Se queda así por ejemplo la idea de que los Poderes de la Unión se integran por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; pero la creación o la multiplicación de la decena larga de órganos autónomos ahora existentes, plantea un nuevo poder no necesariamente integrado y articulado con los otros.
Otra de la nueva Constitución de 2014, es el renacimiento del centralismo a costa del federalismo. Se entiende, desde luego, que el límite de los cambios constitucionales haya quedado sujeto a la negociación política, pero no es muy promisorio que la Ley Fundamental de los mexicanos se erija sobre una estructura incierta, chueca y hecha a pegotes, derivada de canjes y trueques entre partidos políticos que resultan en un adefesio legal difícil de reglamentar y aplicar. Al tiempo.
@efpasillas
