- Contar con un “amplio abanico” no ha servido al país: Mauricio Merino
- El sistema está configurado para que el corrupto no padezca consecuencias
Por disgregación es que los esfuerzos para combatir la corrupción no han rendido frutos, a pesar de que desde hace años México cuenta con un “amplio abanico” de instituciones públicas con esta encomienda, afirmó Mauricio Merino Huerta, profesor del área de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“El problema principal de estas instituciones es que no están conectadas entre sí. Es como si tuviéramos tuberías, cada una de ellas tiene un valor propio… no se puede pasar reproche a estas instituciones, eso creo, y hay evidencia que así lo acredita, pero en tanto que no constituyen un sistema es como si tuviéramos toda esta tubería desconectada”.
Durante la conferencia Fontanería democrática, celebrada con motivo del 40 aniversario del CIDE, Merino refirió que la rendición de cuentas es meta distante y “delicada” en el país.
Señaló que está pendiente relacionar a organizaciones como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
“Hemos creído que cada una de estas instituciones públicas, al cumplir un fin específico dentro de una agenda más amplia de lucha contra la corrupción, de transparencia, de acceso a la información, de evaluación, de fiscalización… por su propio trabajo acabarían desembocando en un mejor resultado como sistema articulado, completo, coherente para rendir cuentas”.
Erróneamente, dijo, se creyó que la aparición de estos organismos terminaría por aislar a quienes cometen actos de corrupción.
Merino planteó que no es lo mismo ver a la corrupción como una “secuela” de la vida institucional que como una “anomalía individual de personas que se corrompen”.
“Mientras no se entienda que se trata de la consecuencia de situaciones previas el fenómeno no sólo se seguirá repitiendo, sino que incluso puede acabar profundizándose, esto lo hemos visto con nitidez en el caso del crimen en México”.
El doctor en Ciencia Política convocó a sistematizar el entramado de instituciones dedicadas a evitar las prácticas corruptas, pues ahí está la base de la solución a problemas clásicos de la política pública.
Destacó que los programas de implementación de políticas públicas siempre salen desviados de los propósitos originales, situación que incrementa la importancia de controlar a quienes en ellos intervienen.
“Si por el contrario se deja completamente al arbitrio de los implementadores la ruta de la acción… el resultado es el que encontramos en prácticamente todas las políticas públicas del país. Es muy difícil encontrar ejemplos en los que la implementación de las políticas no esté cruzada, no de ineficacias o de incompetencias, sino abiertamente de actos de captura del espacio público, actos de desviación o de negligencia deliberados”.
Mauricio Merino sostuvo que el sistema gubernamental mexicano está diseñado para evitar que los corruptos experimenten consecuencias.
A lo largo del Siglo XXI se ha propagado la generación de dependencias en contra de la corrupción. La Auditoría Superior de la Federación, en el año 2000, fue la primera de ellas. En el 2003 el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional que echaba a andar el principio de máxima publicidad, en 2008 se puso en marcha el sistema de evaluación de desempeño, y en 2012 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
“En 2003 se emitió una Ley del Servicio Profesional de Carrera, una vieja aspiración fallida, frustrada. Se creó la idea de que México podía tener funcionarios que no llegaran a sus puestos solamente por la relación política con los poderosos de turno, sino que llegaran a sus puestos por méritos propios, por demostrar sus talentos”.
Foto: Gilberto Barrón
