Ahora que el cine mexicano está en la mira de casi todos, cabe recordar las notas de un año atrás, con motivo de la aparición del Anuario estadístico del cine mexicano 2012, del Instituto Mexicano de Cinematografía. La simple lectura del conjunto de datos concluía que vamos más al cine pero no al mexicano; en el mismo año que registró su peor asistencia desde 2005 se estrenaron más películas hechas en el país. Esto reduce la cuota de mercado para nuestro cine en relación con años anteriores, considerando que 89% de las asistencias fueron para cintas hechas en Estados Unidos y apenas 6% para las mexicanas. Y plantea el problema en términos de las condiciones de la difusión y distribución del material fílmico.
Hace dos años, Vicente Gutiérrez comentaba en El Economista el problema de la difusión como un nuevo reto para el cine hecho en el país, a propósito del Anuario de 2011. Y mencionaba la propuesta de Víctor Ugalde, presidente de la Sociedad Mexicana de Productores-Realizadores de Obras Audiovisuales, de incluir en la publicación un capítulo sobre control de tiempo de pantalla, junto con la falta de eco en sus propuestas de reformas a la ley para garantizar un mejor trato y proteger a los productores contra los intereses de los exhibidores de cine que, como se sabe, están en manos de Hollywood. En estas condiciones, decía Ugalde, las dificultades para distribuir el material hacen que los estrenos se concentren en el DF, las cuales, sumadas a los retrasos en llevar una película al formato DVD, impiden hablar de un cine nacional. El Anuario de 2012 menciona el problema desde la perspectiva del escaso número de copias que se hacen, pero no incorpora la información sobre el tiempo que duran las películas mexicanas en pantalla.
Cabe recordar también que, en 2011, la actriz y entonces senadora María Rojo propuso modificar el artículo 19 de la Ley de Cinematografía, para establecer un número máximo de copias equivalente a la quinta parte del número de pantallas en el país y obligar a lo exhibidores a proyectar filmes mexicanos al menos durante una semana si se ocupa más de la cuarta parte de las butacas disponibles, y que reserven 10% de las pantallas para este fin. En otras propuestas, la exsenadora perredista planteó aumentar a 30% el tiempo de pantalla y modificar el artículo 226 en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para fomentar la producción de cine mexicano.
Al parecer el ánimo propositivo se conserva intacto. Recientemente la senadora panista Marcela Torres Peimbert presentó una nueva propuesta de Ley de Cinematografía que, según Víctor Ugalde, responde a la nueva realidad de nuestro cine. Entre los cambios se mencionan la participación de productores y gestores en la toma de decisiones sobre la asignación de recursos y la reorganización de los fondos que actualmente existen para apoyar esta industria. Pero también sigue intacta la desigualdad en las condiciones de la competencia con el cine estadounidense. Lo que muestra una vez más el divorcio entre las instituciones legislativas empantanadas en las mezquindades partidistas y las realidades que vivimos. Y la del cine, al que tanto nos hemos aficionado, resulta contradictoria, pues el apoyo del Estado a la producción no corresponde al olvido en que tiene a la difusión y distribución, además de los rezagos legislativos evidenciados por la lista de propuestas para modificar la ley.
Según el Anuario Estadístico del Cine Mexicano 2012, la producción dio un salto al sumar 112 largometrajes, contra 73 del año anterior y menos de 70 en años previos. El Estado apoyó 63% de las producciones de 2012, debido a la mayor participación del sector privado, lo que en la publicación se explica por “la entrada en vigor del estímulo fiscal en la producción cinematográfica”, aunque muchas tuvieron inversiones relativamente bajas. Y aunque el costo promedio de producción por película disminuyó de 22.4 a 22 millones de pesos, el mayor número de películas en 2012 arroja un costo total superior en más de 828 millones de pesos al de 2011. El apoyo estatal puede tomar otras formas, no necesariamente como recurso financiero, sino como rebaja o exención en la carga impositiva. Sin embargo, la desproporción entre el porcentaje de estrenos mexicanos (21%) y estadounidenses (45%) y el porcentaje de ingresos obtenidos (89% y 4% respectivamente) pone en evidencia la desigualdad en la distribución, que se extiende a la escasa disponibilidad de otros formatos y canales para acceder a las películas.
Un análisis amplio consideraría otros aspectos del asunto. Este asomo al panorama del cine sugiere que las dificultades que esta y otras industrias culturales enfrentan van más allá de las consideraciones económicas y de mercado. En parte se deben a políticas públicas desfasadas de la actividad de los productores. En este y otros casos urge sincronizar el audio con la imagen.
