- Transgresión de sujeto contra menores no merece más que el repudio social, reflejado en el Artículo 22: Martínez Roaro
- No estamos a favor de un castigo químico, ya que problemática surge de una conducta social
Varias asociaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Aguascalientes se manifestaron en contra de la laxa decisión del Juzgado IV Penal, en contra de Francisco Javier Hinojo Alonso, a quien solamente se le acreditó el delito de corrupción de menores, después de que la comisión fue de varios delitos en contra de dos menores en el estado.
Entre las asociaciones que se manifestaron se encuentra la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (Femess), el Centro de Desarrollo de la Mujer, Fundación Mujer Contemporánea, Instituto Superior de Educación Sexual, Colectivo Sergay, Movimiento de Acción Lésbika Feminista, entre otras, las cuales presentaron su posicionamiento en rueda de prensa.
Con base en su experiencia y el análisis del perfil de Hinojo Alonso, estas organizaciones consideraron que este sujeto ha evidenciado conductas contra menores que constituyen delitos que lesionan su salud y seguridad, por lo no queda duda de que este sujeto cuenta con una peligrosidad que no merece más que el repudio social, el cual debe manifestarse a través de una sentencia penal que condene severamente su conducta. Por esta razón, dijeron, debe reflejarse en la aplicación de la máxima sanción que establece el Artículo 22 de la Ley penal de Aguascalientes, que es de 14 años de prisión y 200 días multa.
Por su parte, Marcela Martínez Roaro, presidenta de la Femess, indicó que hasta el momento respaldan el actuar de la Procuraduría General de Justicia del Estado de castigar la conducta delictiva de este sujeto. Sin embargo, queda pendiente el castigo del resto de los delitos que cometió, pero cuentan con la plena conciencia de que debe realizarlo una instancia de justicia superior. Reiteraron que las sanciones en contra de las personas que laceren los derechos de los menores deben de agravarse en el Código Penal del Estado, por lo que ésta es una situación que debe ser considerada por los legisladores locales.
Por último, Martínez Roaro hizo un exhorto a la población en general, pero concretamente a las familias de Aguascalientes, para que colaboren con el crecimiento de la cultura de la denuncia: “las familias debemos de ver más a nuestros menores y alertarlos sobre este tipo de acciones, de las que pueden ser víctimas”, pero también se manifestó en contra de que a los agresores de menores se les castigue biológicamente, ya que sus conductas no parten de anomalías químicas en su organismo, sino que representan conductas sociales, por lo que se manifestó a favor de los derechos humanos, pero también de un pleno ejercicio de la justicia en el estado.
