- La concesionaria debe “mirarse al espejo”, entender que ha incumplido, dice Jesús Rangel
- Comisión de Recursos Hidráulicos tomará la palabra al director del Instituto de Educación de Aguascalientes
Jesús Rangel de Lira dijo que la comisión legislativa a su cargo, la de Recursos Hidráulicos, le tomará la palabra a Francisco Chávez Rangel, director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), al intervenir en el conflicto monetario con la concesionaria del servicio de agua potable, a la que se adeudan 40 millones de pesos.
Mencionó que cabildeará un artículo transitorio “para evitar el cobro en las escuelas o, al menos, incrementar la disponibilidad de metros cúbicos por alumno, de tal manera que no se tenga que originar pago de parte de las escuelas”.
El diputado por el Partido del Trabajo dijo temer que los planteles, sin recursos para asumir tal deuda, traten de trasladar las obligaciones hasta el bolsillo de los padres de familia.
“No están en posibilidades de hacer un doble pago, pagan en sus casas por el suministro, y pagan en las escuelas por la disponibilidad de agua de sus hijos, sería una aberración”.
Sé, dijo, “que el título establece que la concesionaria debe dotar a las escuelas de una cantidad mínima de metros cúbicos por alumno, sé que la misma CAASA dice que hay derroche de agua en las escuelas, que algunos planteles sobrepasan por mucho la cantidad de metros cúbicos a que tienen derecho de manera gratuita, y ese es el argumento principal para reclamar este aparente adeudo de 40 millones de pesos”.
Rangel apuntó que esta empresa debe “mirarse en el espejo” y reconocer si efectivamente cumple con la prestación del servicio en otras latitudes de la ciudad, donde los tandeos y los cobros injustificados son variables históricas.
“Entendemos que pretenda recuperar el costo de su inversión, el gasto administrativo, el costo de la energía eléctrica, etcétera; pero percibimos que en los últimos años se ha manifestado una voracidad de parte de la concesionaria, porque ya no son nada más las elevadas tarifas, la escasez en el servicio, la menor dotación por persona, sino que ya está asumiendo una actitud de presión beligerante a través de los tribunales para obtener un recurso que ellos consideran legítimo”.
Mientras en CAASA han llevado la resolución del pago de 40 millones hasta la Suprema Corte de Justicia, en el Instituto de Educación invocan el artículo 115 constitucional, y refieren que proveer de agua a las escuelas es labor de la autoridad municipal.
“El asunto es que ningún presidente municipal, desde que se concesionó, ha demostrado verdadera voluntad de meter en cintura a la concesionaria a través de su organismo regulador, Ccapama. El único que demostró voluntad, y para peor, fue (Alfredo) el Mosco Reyes, les amplió la concesión diez años más, de 20 a 30, y les otorgó la capacidad de cobrar cada mes en vez de cada dos meses, ese es el regalito que nos dio el PAN”.
El legislador mencionó que una cosa es reglamentar el uso del agua, lo cual toca al Congreso, y otra cosa es hacer valer los términos del convenio, tarea municipal.
“Ni PRI ni PAN han demostrado verdadera voluntad de presionar a la concesionaria para que modifique la actitud que tiene en la prestación del servicio, que es eminentemente de lucro, sin importarle las condiciones del servicio que está prestando”.
–Para 2014 CAASA debería tener una eficiencia del 73 por ciento. Su director reconoce que es del 66.
–El título de concesión dice eso, está claro que en vez de ir para adelante va para atrás. Nosotros tenemos datos, la concesionaria ingresa, mensualmente, un promedio de 55 millones de pesos. Una parte que sólo ellos saben, debe estar destinada a cubrir sus gastos operativos, pero otra debe estar destinada a la inversión de infraestructura, que es parte de los argumentos fundamentales que maneja la concesionaria para decir que no puede proporcionar el servicio.
Prever las necesidades futuras es una de las responsabilidades de una empresa con mucho tiempo de operación en la capital. “Tiene 20 años, debería haber estado sistemáticamente invirtiendo en sustituir y mejorar la red de distribución de agua, y no lo ha hecho, o lo ha hecho en proporciones muy bajas en comparación al crecimiento de la demanda.
–De entrada reconocen que no están alcanzando el nivel de eficiencia que especifica el título de concesión, pero ¿de qué nos sirve eso?
–Antonio Martín del Campo dijo que el Ayuntamiento no sería blandengue.
–Así lo han dicho todos los ayuntamientos, y vea lo que ha pasado.
Foto: Archivo LJA
