- José María Serna detalla los principales retos del modelo de justicia penal acusatorio
- Aprueba eliminación del arraigo en los estados y propone su reducción a nivel federal
- Serna de la Garza considera fundamental un cambio de cultura en la policía y los ministerios públicos
Ante la reciente aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que busca unificar los criterios del sistema de justicia penal, son serios y preocupantes los retos que vienen aparejados con la implementación del mismo, relató José María Serna de la Garza, catedrático investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El especialista en temas de Derecho Constitucional, afirmó que resulta benéfica la existencia de un Código único y criticó la postura de algunos otros actores que lo consideran un atentado contra la soberanía otorgada a los estados, argumentando que el modelo de justicia penal acusatorio debe de verse reflejado de manera equiparable en los estados.
Sobre los principales retos que trae consigo la implementación de dicha reglamentación penal, Serna de la Garza hizo mención a un necesario cambio de cultura por parte de las corporaciones policiacas y los ministerios públicos, aseverando que éstos han venido arrastrando desde hace años vicios que demandan la incorporación de nuevos códigos éticos para quienes intervienen en los procedimientos penales, a lo que añadiría “si eso no ocurre podrán poner el modelo que quieran pero los actores seguirán abusando de quienes caen en las redes del procedimiento penal.”
Complementó haciendo énfasis en los retos que involucran la capacitación ética y cívica, formación que calificó como la más complicada, así como la capacitación que contiene la forma en cómo opera el nuevo sistema, tomando en cuenta la importancia del acto de oralidad en los juicios, donde participarán una variedad de interlocutores como lo son los defensores de oficio, ministerios públicos y personal de los tribunales, hacia los que dijo, debe estar enfocada dicha instrucción.
Asimismo habló acerca del reto de infraestructura con la que cuenta el poder judicial, sobre todo en lo concerniente a la adecuación de los que calificó como “escenarios del drama penal”, donde adujo, se deben de facilitar las condiciones para el encuentro oral, y para todo ello, concluyó, se necesitan importantes recursos.
Entre otras cosas vale la pena hacer mención a su señalamiento sobre la eliminación del arraigo en las localidades, acción que aprobó tomando en cuenta que existen estándares internacionales que rechazan su existencia. Aunado a ello, advirtió que su permanencia a nivel federal resulta altamente criticable a razón de la duración, mencionando “incorrecto que se mantenga tanto tiempo detenida a una persona”, al referir los cuarenta días de prisión preventiva a los que se pueden sumar otros cuarenta, considerándolo como un exceso que trae consigo la conformación de elementos para fincar responsabilidades cuando no hay elementos probatorios.
