Con la mayoría de los votos, el Poder Legislativo rechazó cuestionar al Órgano Superior de Fiscalización sobre la relación que guarda Sergio Escalante Jiménez, su director de Auditoría y Revisión de Cuenta Pública, con el despacho de contadores RSM Bogarín.
En contravención a la Ley de Fiscalización para el Estado de Aguascalientes, presumía Martha Márquez Alvarado, la promovente de este punto de acuerdo, el despacho privado, del cual Escalante es partícipe, habría trabajado para el fiscalizador superior.
Toda la bancada panista, con la excepción de Leonardo Montañez, firmó el exhorto votado ayer en el Pleno.
En el documento se solicitaba dar vista al Ministerio Público en caso de encontrarse la comisión de un delito derivado de la presunta relación jurídica entre Sergio Jiménez y RSM Bogarín.
Un servidor público, se dijo, debe “excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él”.
El Congreso también negó exhortar al OSF a actualizar su página de transparencia, misma que no exhibe los resultados de la revisión de la cuenta pública de 2012, pese a que un decreto oficial indica que dichos estudios son afectados por el principio de máxima publicidad.
