Todo lo que se pueda comprar con dinero resultará barato
Dominio Público
Partamos de la idea de que México es un país donde más o menos la mitad de su población es pobre, puesto que unos 55 millones de habitantes están reconocidos como tales oficialmente. Faltaría luego hablar del número que suman al anterior los pobres o más que pobres no reconocidos, porque cualquiera puede verlos todos los días por doquier a lo largo y ancho de la geografía nacional más allá de las cifras oficiales.
59 millones de personas en la economía informal, sin prestaciones laborales o de seguridad social según el director del SAT; 37.5% de la población en vulnerabilidad o estado de carencia social o económica pintan la realidad socioeconómica de México (Gutiérrez Lozano José Luis, El Gobierno no se manda solo, La Jornada Aguascalientes, 20 de mayo de 2014).
Así las cosas, donde la gran mayoría de la población debe conformarse con bajos salarios y pocas o ningunas prestaciones laborales, los mexicanos tenemos que aguantar y sostener a una “alta” burocracia a la que jamás se accede por concurso de méritos sino a dedo, que cada año crece y se multiplica y que es ineficaz, corrupta, cínica y que además es una de las más caras del mundo.
Famoso es un estudio académico de hace algunos años que demostraba con cifras puntuales que el Presidente de México era en ese momento de los mejor pagados del mundo, ganando un salario incluso superior que su homólogos de países ricos como Estados Unidos, Japón, Canadá, Francia o El Reino Unido. Y no sólo eso, sino que cada año el gobierno federal destina una cuantiosa suma (45.8 millones de pesos en 2014) del presupuesto de egresos de la federación para pagar la pensión de los 5 expresidentes vivos.
Tampoco es secreto que hace no muchos años hubo otro escándalo parecido al actual, cuando se supo que los Consejeros Ciudadanos del extinto IFE, hoy INE, pretendían homologar sus percepciones por “mandato constitucional” a las de los Ministros de la Corte, hasta que la opinión pública mayoritaria los hizo retroceder.
Así que en este contexto de alta burocracia rica y sociedad empobrecida, donde diputados y senadores de todos colores también llevan su tajada del león, jugando ese juego perverso en el que ellos ganan y todos los demás perdemos, nada tiene de raro el último e inmenso despropósito de unas cámaras federales casi autistas, que no se enteran de las graves realidades del pueblo al que dicen “representar”.
En este marco de corrupción y cinismo, y del famoso “do ut des”, “te doy para que me des” inventado por los romanos hace más de dos mil años, poco puede sorprender que los jueces y magistrados del poder judicial de la federación y también los de las entidades federativas sean los mejor pagados de Latinoamérica (Diario de México, Jueces mexicanos, entre los mejor pagados del mundo, www.Diario.mx). Así, según dicha información, el Ciudadano presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ingresos mensuales por 24 mil 617 dólares; o lo que es lo mismo: gana 5,204 veces más que un trabajador de salario mínimo.
Pero ahora resulta que los esforzados legisladores federales pretenden darles un “haber de retiro” o “pensión vitalicia” a los valientes magistrados electorales del poder judicial de la federación que tan útiles le han sido al régimen para preservar el statu quo imperante.
A propósito de los haberes y también de los deberes de jueces y magistrados, muchas cosas podemos y debemos preguntarnos los ciudadanos: ¿tenemos una justicia de primer mundo, al nivel de los salarios que cobran jueces y magistrados? ¿Hace falta autorizarles un “haber de retiro” de por vida, contrariando lo que ordena taxativamente el artículo 127 constitucional, y a sabiendas de que en su calidad de miembros del Poder judicial de la Federación gozan ya de las prestaciones para dichos funcionarios? ¿Garantizan las pensiones vitalicias o “haberes de retiro” y las muy altas percepciones de jueces y magistrados su honradez ante casos como los del juzgador federal que en Oaxaca tenía 432 millones de pesos guardados en el banco, o el magistrado y sus compinches secretarios que recibieron 63 millones de los llamados “casineros”? ¿Quién puede y debe revisar la integridad de los juzgadores? ¿Cómo acceden a la función judicial y cómo se mantienen en ella de manera legítima? ¿Quién y cuándo les practicarán controles de confianza?
Es perfectamente normal que dichos empleados públicos aspiren a una pensión y a un retiro decoroso después de una vida dedicada al servicio público, pero parece claro que esto debe ser en términos de equidad con el resto de los trabajadores mexicanos; ¿o será mucho pedirles que renuncien a sus privilegios y a sus cuantiosas “primas de riesgo” y “bonos de separación”? ¿Qué les pasa a nuestros “representantes populares” y a nuestros jueces y magistrados autorizándose sueldos y haberes más allá de lo razonable?
El tema amerita, como tantos otros, un debate público de esos que brillan por su ausencia a pesar de lo importante que resulta para una sociedad que aspira a ser democrática definir claramente el papel y función social de sus servidores públicos en general y de sus jueces, magistrados y ministros en particular.
@efpasillas
