- Presidente de Coscac habla de una falta de voluntad del régimen para pasar del modelo autoritario a uno de participación y consenso
- Mario Rivero considera que el requisito del 0.13% de la lista nominal federal es muy acotado
- Para poder promover una iniciativa ciudadana a nivel federal se requeriría el respaldo de 103 mil 291 ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores
Ha transcurrido poco más de una semana desde que se aprobara el decreto “por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente”, mismo que establece entre sus múltiples características el requisito para que los ciudadanos puedan plantear iniciativas ante el Poder Legislativo Federal, destacándose la obligación de que dicho planteamiento sea respaldado por el 0.13 por ciento de la lista nominal, lo que se traduce en 103 mil 291 ciudadanos.
Al respecto cuestionamos a Mario Rivero Cáceres, presidente del Consejo Coordinador de Organizaciones de la Sociedad Civil (Coscac), quien consideró como incumplibles dichos requisitos y criticó que con la aprobación de la normativa “no necesariamente se fortalece la participación ciudadana”, subrayando que el requisito plantea que sea “muchísima gente”, lo que incide en que cada vez se acote más el espacio de participación.
Rivero Cáceres señaló que al igual que el requisito de los dos millones de ciudadanos para conformar una candidatura independiente, la especificación de la iniciativa ciudadana es una complicación más, fenómeno que dijo, tiene que ver con que el régimen no ha mostrado la voluntad suficiente para dar cuenta del cambio de modelo autoritario a uno participativo y de amplio consenso.
El representante de la sociedad civil organizada refirió que el deterioro de la participación ciudadana ha visto sus principales signos en la conformación de los órganos ciudadanizados, los cuales mencionó, han perdido la fuerza e independencia con que contaban, permitiendo la injerencia de los partidos políticos en su integración.
Asimismo afirmó que no se han dado las condiciones para que las organizaciones sociales incidan en la agenda en términos de necesidades como la educación, el deporte, la infraestructura y conservación del medio ambiente. Responsabilizando de dicho fenómeno a los legisladores tanto federales como locales, por lo que aseveró “tienen que voltear a vernos, tenemos que plantear una agenda en común, ya que no hay una desvinculación total, y sólo existen contactos y pláticas sin que ello represente una agenda de intereses comunes”.
