La semana pasada, me atraparon dos temas. En primer lugar, me sorprendió el profundo interés, incluso en columnas locales, que sigue despertando el intrascendente cambio de una Monarquía en pleno siglo XXI. Ya no es tiempo para discutir sobre esto.
En segundo lugar, revisé una nota del Diario Financiero de Chile en donde se planteaba la posibilidad que México rebase a Chile como país menos riesgoso para los inversionistas (Diario Financiero, 11 de junio 2014). Esto producto de la “ambiciosa agenda de reformas” que actualmente se discuten en México. Considero que el desarrollo sí requiere de discutir estos temas y no de reyes. Por este motivo, el día de hoy discutiremos sobre la inversión y su piso mínimo institucional.
La experiencia nos dice que el posicionamiento de Chile en materia de inversión, obviamente obedece a su amplia apertura a los mercados desarrollada durante las últimas décadas, pero también al rol que ha adquirido el Estado como regulador en la materia. En este país el Estado intervino a través de instrumentos legales que impidieran la abrupta salida de capitales (los famosos capitales golondrina) en periodos de recesión y crisis. El crecimiento de este país nos ha evidenciado que la regulación del Estado no está peleada con los mercados. Efectivamente, estamos hablando de ins-ti-tu-cio-na-li-dad.
Si estas reformas en discusión, los inversionistas las ven con buenos ojos como para venir a México, no se puede dejar de lado a las instituciones como las “reglas del juego” en una sociedad, generadas finalmente por el Estado, que regulan el intercambio económico y su desarrollo. México debe apostar por sus instituciones como un instrumento garante de las inversiones tanto para el inversionista como para la inclusión de la ciudadanía en el crecimiento.
Invertir en Chile se hizo atractivo no por las condiciones puestas por el mercado, se hizo atractivo por la sólida institucionalidad que adquirió este país.
Que México sea visto con buenos ojos por los inversionistas, no es algo que presumir, es un tema que nos obliga a pensar si contamos con el piso mínimo institucional para sostener las inversiones. Es evidente que el Estado debiese contar con políticas públicas adecuadas que regulen a los inversionistas, a la par de asegurar el bienestar de la población en materia de empleo, desarrollo tecnológico y distribución del ingreso.
Ya de salida. Estoy convencido que las reglas del juego las pone sólo el Estado. No permitamos que las calificadoras nos cambien esta percepción.
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