- El terreno donde se ubica la casa con el número 111 de la calle Nieto tiene una dimensión de 155 metros cuadrados, pertenece a la familia Díaz desde hace 60 años, fue construida y habitada desde hace 28 años
- El inmueble cuenta con un local que desde hace 20 años ha sido rentado para la venta de fajas para hernias y productos de enfermería
En incertidumbre los propietarios de la finca vecina al Teatro Morelos, luego del derribo del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues se contempla la liberación del terreno para la construcción de la Plaza de la Convención, proyecto incluido en las obras de remozamiento de la Plaza de la Patria.
El terreno donde se ubica la casa con el número 111 de la calle Nieto, que tiene una dimensión de 155 metros cuadrados, pertenece a la familia Díaz desde hace 60 años, fue construida y habitada desde hace 28 años, y cuenta también con un local que desde hace 20 años ha sido rentado para la venta de fajas para hernias y productos de enfermería.
Sin embargo, el Gobierno del Estado pretende la expropiación del inmueble para liberar por completo el terreno y dejar descubierta la fachada lateral del Teatro Morelos. En este espacio se proyecta la construcción de la Plaza de la Convención, la cual incluirá un museo de sitio donde se colocarán hasta cuatro monumentos de personajes revolucionarios sobre estructuras de metal con recubrimientos de cantera y en el centro de la plaza se instalará un foro al aire libre que servirá para presentaciones artísticas; sumado a ello se contará con bancas y zonas arboladas.
Durante los primeros días de junio la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones (Sicom) hizo la solicitud a Gobierno del Estado para que comenzara con el proceso de expropiación del predio de la familia Díaz y proceder con las obras de demolición.
Basilio Díaz, de 80 años de edad, propietario de la finca, actualmente se recupera de una operación del corazón; por su delicado estado de salud y el constante ruido, así como el polvo que emana de las obras, fue trasladado a otra casa donde sería vigilado por sus familiares.
En el hogar de sus parientes fue notificado para que acudiera a una audiencia para establecer los avalúos del predio. La reunión se llevó a cabo el día 13 de junio, y al no acudir con un corredor público tuvieron que respetar el avalúo realizado por el perito valuador de Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que el predio supera los cinco millones de pesos en su valor y el gobierno estatal pretende entregar una cantidad de aproximadamente tres millones de pesos como indemnización por los bienes inmuebles expropiados.
El día 1 de julio la Secretaría de Gobierno entregó la notificación de expropiación a través del sobrino del propietario, esto a pesar que debía ser entregada directamente al señor Basilio Díaz, en ella establece que el dueño deberá presentarse el día 7 de julio para firmar que cede los derechos de la propiedad al Gobierno del Estado.
Por su parte el señor Manuel Montiel, quien renta el local, expresó que el derribo del inmueble lo pondrá en gran desventaja pues las dos décadas que tiene en el establecimiento lo han consolidado en la venta de productos de enfermería, “me está afectando bastante, mi clientela, los pacientes, la gente que viene conmigo, no nos tomaron en cuenta, pues sí sabemos que tienen la determinación de que van a tumbar, no sé si sea para bien o para mal pero para mí está muy mal”.
Dijo que no han sido notificados de fechas de desalojo, sin embargo se tiene conocimiento que para los primeros días de septiembre deberá concluirse con las obras, de cara a los festejos del centenario de la Soberana Convención de 1914 en el mes de octubre.
Por lo pronto ha detectado un par de opciones para reubicarse en la zona centro, a pesar de ello las pérdidas serán grandes tanto en locación como en clientela, “no sé qué hacer la verdad, no sé cómo proceder, ni qué va a pasar”.
Si bien las autoridades gubernamentales prometieron dar un mes para desalojar la finca luego de haber firmado el decreto de expropiación, los propietarios temen una expropiación forzosa por procedimiento de urgencia.
