- Se requiere evitar un posible mecanismo de censura y sometimiento sobre los medios
- La publicidad oficial debe responder a las obligaciones constitucionales que tienen las autoridades de informar y difundir sus programas de gobierno
366 millones 305 mil pesos es lo que ha gastado el Gobierno del Estado en los últimos tres años por concepto de publicidad oficial. Lo anterior se desprende del estudio Índice de acceso al gasto en publicidad oficial, realizado por el centro de análisis e investigación Fundar y Artículo 19, dio a conocer el Partido del Trabajo en Aguascalientes en voz de Jesús Medina Olivares.
Detalló que Aguascalientes se ubica en el lugar doce en el gasto por habitante, superando los 50 pesos por habitante destinados anualmente a publicidad oficial. La mayor parte del gasto se va a las televisoras, seguido de la prensa escrita, y después la radio y el internet.
“Injustificado el gasto de comunicación social, no responde a las necesidades de la sociedad, el cual al no existir reglas claras, ha propiciado por una parte, que sea utilizado como un instrumento para estimular el culto a la personalidad de los gobernantes y como un sistema de premios y castigos para los medios de comunicación que, evidentemente, incide en la libertad de expresión”, denunció el petista.
Estos gastos se incrementan de manera exponencial, con la cercanía de los procesos electorales y generalmente se dirigen en dos direcciones: Hacer candidateables a funcionarios de los gobiernos del estado y municipio, así como promover de manera subliminal al partido en el poder, mediante la publicidad de obra pública y programas sociales.
Como ejemplo mencionó la administración de la priista Lorena Martínez, en donde aproximadamente el 80 por ciento de sus funcionarios de gabinete tuvo que renunciar a sus cargos para participar en la contienda electoral.
De la misma manera, subrayó, el gasto se dispara siempre en los informes de labores, no obstante que la legislación electoral prohíbe la promoción personal, sin embargo, se aprovecha la excepción que determina que la imagen de los gobernantes puede aparecer una semana antes de su informe de labores.
“El tema de fondo es que la opacidad en el manejo de los recursos en materia de comunicación social y difusión, así como las lagunas que existen en la legislación, favorece no sólo la discrecionalidad de los gobernantes en turno, sino que puede constituirse en un mecanismo de censura y sometimiento que se ejerce sobre los medios de comunicación y la libertad de expresión, que finalmente es la misma ciudadanía quien paga las consecuencias, en la búsqueda de independencia de los medios que les dé credibilidad ante las audiencias”, demandó Medina Olivares.
Por lo anterior, resulta necesario legislar en la materia, consideró. Es preciso obligar a las diferentes instancias de gobierno a transparentar el ejercicio del gasto en publicidad oficial, presentar información precisa sobre proveedores y facturación, tope de gastos y evitar la forma de ejercerlo discrecionalmente.
Agregó que la publicidad oficial debe responder a las obligaciones constitucionales que tienen las autoridades de informar y difundir sus programas de gobierno, pero también, debe servir como un canal de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos, para informarles de sus derechos y sus obligaciones, así como la manera en la que pueden propiciar su desarrollo y calidad de vida.
Con información del PT
