Por: Sylvia Garfias
Mía, tuya, te la presto: no nos hagamos bolas, la extensión de la paridad de género hacia los ayuntamientos en Aguascalientes, resultó un logro tan plausible como capitalizable, porque ahora resulta, que fue propuesta de todos los partidos en el Congreso local, y cuando en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional celebrábamos que las demás fuerzas la apoyaran con la figura literaria de “celebramos que la hicieran suya”, lo tomaron tan en serio que abiertamente y sin la menor reserva la atribuyen a sus partidos… en fin. Lo cierto es que en esencia, la propuesta blanquiazul implicará que se abran espacios para que en los municipios, que son la patria chica y el primer contacto de gobierno con la población, haya una proporción equilibrada en los cabildos y de este modo, más mujeres puedan desempeñarse como síndicas y regidoras.
Asunto discriminatorio, decían por ahí, pues no. Discriminatorio que en plena república, el México de los años 50 reservara para las mujeres -como dictaba el Manual de Carreño- el cuidado del peinado, maquillaje y vestuario para complementar las dotes del bordado, el almidonado y la crianza.
Y es que basta con una rápida revisión a nuestra historia para saber que en 1923, Yucatán fue la entidad con visos de equidad y derecho a la participación de las féminas en la vida pública, cuando el gobernador Felipe Carrillo Puerto posibilitó tres legisladoras y una regidora, quienes a la muerte del mandatario, tuvieron que abandonar sus cargos. Para 1937, la iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas para otorgar a las mujeres el derecho a sufragar, pese a haber sido aceptada por los legisladores federales y estatales, no fructificó porque el Partido Nacional Revolucionario (hoy PRI), consideró el riesgo de que sufriera la influencia de los sacerdotes en este sector, por lo que hasta 1947 se reservó este derecho sólo para elecciones municipales, de modo que no fue sino hasta 1952, cuando el Partido Acción Nacional defendió que se concluyera el cauce de la iniciativa de Cárdenas, cuyo desenlace fue el decreto publicado al año siguiente en el Diario Oficial de la Federación.
Pero como sucede con muchos aspectos de la vida, el derecho no siempre implica la garantía de poder acceder a oportunidades, por lo que con motivo de la reforma político electoral, se hizo necesario aprovechar la inclusión del tema de paridad a nivel nacional para llevarlo, además de a las curules locales, a los ayuntamientos. El argumento de que no hay suficientes mujeres “entrenadas” para asumir las responsabilidades de los cargos de elección popular, es por demás sexista, prueba de ello es que en las universidades, la matrícula presenta una participación creciente de alumnas, que en algunos campos de estudio se traduce incluso en mayor número de egresadas que de egresados.
Así las cosas, los retos que se avecinan, son, por un lado, al interior de los partidos, hacer lo propio para atraer y fortalecer cuadros, y en su defecto, también en la reforma se encuentran previstas las candidaturas independientes para que las ciudadanas puedan incorporarse a las contiendas que las lleven a la vida política.
Por otro, en congruencia, será menester llevar la equidad a los gabinetes de todos los niveles de gobierno, pues recordemos que en los gobiernos panistas, tanto Fox: federal, estatal y municipales, para que más allá de representantes, se cuente con profesionales en las diversas áreas para diseñar, dirigir y ejecutar tanto programas, como políticas públicas con lo mejor de los talentos donde el género no debe ser distinción.
Si bien, se antoja que la obligatoriedad legal de incluir mujeres no es el escenario ideal para lo que tendría que ser derecho tácito y evolución social natural, hoy por hoy es una medida para apuntalar la transición hacia una democracia con equidad justa… sí, impulsada desde antes de los años 50, por Acción Nacional.
*Legisladora y periodista. Comunicóloga de profesión, ha dedicado gran parte de su vida a conocer, estudiar y difundir el acontecer de los actores sociales en Aguascalientes y, ahora como diputada, a defender el interés colectivo para establecer un marco legal justo y fiscalizar que las instituciones de gobierno hagan su trabajo.
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