- Demanda PAN creación de la Unidad de Vigilancia y Control del OSF
- Se desecha iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Penales por dejar de tener objeto sobre la nueva normatividad federal
A unas semanas de cerrar el segundo periodo ordinario de sesiones, la LXII Legislatura comenzó puntual su sesión semanal del Pleno con una corta orden del día de tan sólo un punto a consideración de votación que fue en tono negativo, así como la ausencia con permiso de Lourdes Dávila.
Ante la lectura del dictamen de la Comisión de Justicia en tribuna, Juan Manuel Méndez Noriega detalló que la iniciativa de Leonardo Montañez de reforma al artículo 269 del Código de Procedimientos Penales local, era clarificar lo dispuesto por el Código de Procedimientos Penales en su Artículo 269, el cual indicaba una aparente contradicción entre sus párrafos segundo y tercero, “por una parte se establece que sólo podrán realizarse exámenes o intervenciones corporales con el consentimiento expreso del imputado, sin embargo se faculta al juez para ordenar el examen aún sin el consentimiento expreso del imputado”.
También se pretendía reformar el párrafo cuarto del mismo artículo para permitir el acceso al lugar donde se realice el examen corporal al abogado defensor y en el caso de menores de edad, a quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
A partir de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de marzo del 2014, el nuevo Código de Procedimientos Penales, ya se tiene solucionado lo que pretendía hacer tal iniciativa, por lo tanto queda sin objeto de procedencia.
El promotor del documento explicó que cuando se presentó la iniciativa aún no se veía la llegada del nuevo código con el sistema de Juicios Orales, al abrogarse todos los códigos de procedimientos penales de las entidades federativas para permanecer sólo en nacional, queda sin materia su reforma, “son cuestiones que pasan y que todo legislador debemos prever, no me molesta que se haya desechado”, al final todo se hizo bajo la normatividad.
Al concluir la votación sin conflictos, se procedió a la sección de asuntos generales bajo la dispersión de los legisladores por estar al pendiente de sus teléfonos celulares y pláticas personales; Salvador Dávila Montoya tomó en primer lugar la voz en tribuna para hacer un llamado al Instituto de Educación a que se concluyeran las afectaciones hacia el magisterio calificando a las autoridades como incongruentes por mantener en su discurso que los docentes son un aliado del gobierno, pero en la práctica se le soslayan sus méritos profesionales y académicos, y sus derechos laborales son violentados sin razón.
Alzando la voz mencionó que compañeros directivos han sido despojados de sus derechos bajo acusaciones con “verdades a medias” señalados por omisiones en casos sobre acoso escolar, cuando en realidad la problemática tiene origen en los hogares, “ahora son acusados de malversar recursos que son administrados por las Asociaciones de Padres de Familia y que los maestros jamás tocan”.
A nombre de Nueva Alianza y de todos los maestros, se exigió atención a la problemática educativa actual pues los niveles no pueden ser óptimos a causa que los grupos en las aulas llegan a ser hasta de 40 alumnos siendo que en otras entidades son de 25, “como maestros se nos es muy difícil dar una atención personalizada y de calidad con tantos alumnos”.
Antes de concluir hizo un llamado al titular del IEA, Francisco Chávez Rangel, a que atendiera sus responsabilidades como líder de una instancia reguladora de la educación, “sino contesta las llamadas que le hace su servidor, que de perdido delegue a un colaborador para que nos atienda”, tomando en cuenta que las gestiones que se han intentado hacer no han podido ser resueltas y la ciudadanía ya se encuentra desesperada.
Al hacer uso de la voz, Luis Fernando Muñoz López, presentó una iniciativa de reforma al Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Órganos Descentralizados, la cual adiciona una fracción VI y un segundo párrafo al artículo 52 Bis, con el objeto de que cuando se trate del pago o abonos para cubrir créditos destinados a la adquisición de bienes y servicios, estos descuentos deban haber sido aceptados libremente por el trabajador, mientras que los mismos no podrán exceder el 20 por ciento del salario mensual del trabajador.
Actualmente el Estatuto proporciona una lista con cinco supuestos en que se pueden realizar retenciones o deducciones al salario de los servidores públicos en los casos de deudas del trabajador, pagos realizados con exceso, errores o pérdidas debidamente comprobadas, que son: cuando se trate de cobro de cuotas sindicales ordinarias o extraordinarias; cuando se trate de descuentos ordenados por el IMSS u otros organismos de seguridad social; cuando se trate de descuentos ordenados por la autoridad judicial competente por pensiones alimenticias exigidas, y cuando se trate del impuesto sobre productos del trabajo.
Cerrando la sesión ordinaria, Sylvia Garfias dio lectura a un punto de acuerdo en donde exhorta a la Comisión de Vigilancia a que en un plazo no mayor a 15 días haga el nombramiento de la Unidad de Vigilancia y Control del Órgano Superior de Fiscalización, mismo que debió de haber sido instalado desde el 15 de noviembre del año pasado, “como legislativo no podemos exigir que haya cuentas y rendición de las mismas a los otros poderes si nosotros no ponemos el ejemplo, en esta legislatura no ha parado la opacidad y falta de transparencia”; no obstante se le ha manifestado por su compañera de partido integrante de dicha comisión, que se está estudiando la desaparición de tal mecanismo por el cual se revisa que el OSF no estuviera jugando con el tema de la cuenta pública.
Para Garfias, existe tanta opacidad en este organismo que se ha convertido en una agencia de colocación de los diputados en turno, por lo que cuestionó que si tanto presumen de la existencia de transparencia por qué le temen a las auditorías y creación de dicha unidad de vigilancia.
