Por: Sylvia Garfias
Dicen que la distancia es el mejor antídoto para sanear relaciones viciadas, y cuando se trata del amasiato entre el gobierno y la procuración de justicia, debe defenderse a toda costa que la ceguera de la portadora de la balanza, sea una ventaja para no distinguir entre las personas, aplicarse en forma equitativa y medir con el mismo rasero a todos los ciudadanos para no hacerla rehén de interés alguno.
Así pues, un tema de primerísima importancia en la reforma político electoral, recientemente aprobada por el Congreso de Aguascalientes, fue lo relativo al artículo 59, pues en este sentido, crear las condiciones para conferir una real autonomía a la casi otrora Procuraduría General de Justicia, fue parte de su metamorfosis en Fiscalía General.
Y es que no se trata solamente de un cambio de nombre. Antes de la reforma, el citado artículo de la Constitución Política, planteaba como atribución del Ejecutivo estatal la designación del Procurador General de Justicia del estado, cuya ratificación era decisión del Congreso local por mayoría de sus integrantes. La propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en este sentido -misma que logró el consenso y aprobación final-, permitió transitar no solamente a una autonomía que garantice eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos, sino que posibilitó inhibir la intención de poner nombre y apellido con rango de legitimidad a la extensión en automático del periodo de funciones del actual procurador de Aguascalientes, como lo suponían los transitorios en la iniciativa suscrita por el Ejecutivo, en la cual, se estaría confiriendo un periodo total de nueve años a quien definitivamente no solamente el GPPAN considera indigno de merecer -por mucho- la confianza de alargar su periodo de funciones por default hasta semejante periodo.
En consecuencia, el Fiscal General, permanecerá en su cargo seis años sin posibilidad de reelección y con las previsiones de ley para que el cargo tenga carácter transexenal, es decir, que su duración esté desfasada del periodo de un gobernador, para no empatar en su ejercicio.
Otro candado para evitar las tentaciones de nombrar procuradores a modo, es el mecanismo para su nombramiento, toda vez que se emulará a nivel estatal el modelo federal. Para el caso de Aguascalientes, el Congreso enviará un listado de cinco candidatos al Ejecutivo, quien a su vez descartará dos para regresar una terna al Poder Legislativo, el cual, en proporción de dos terceras partes del total de sus integrantes (18 votos a favor), elegirá a quien será el encargado de la defensa de la justicia en la entidad, el Fiscal General.
No cabe duda que en estos menesteres legislativos, se deben tener las antenas afinadas, porque en una de esas como dicen por ahí, nadie vio, nadie supo y en el intento por… no me atrevería a decir proteger intereses o espaldas, qué va, sino de reconocer el “gran trabajo” y los buenos oficios de un personaje en particular, hay quienes ven si es chicle y pega, bajo el inocente argumento de que si a nivel federal, se ratificará al procurador, ¿por qué no habría de hacerse a nivel estatal? La pequeña diferencia fue, que a nivel federal, esto fue producto de un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, y a nivel estatal, pretendían sí, imponerlo de manera unilateral.
*Legisladora y periodista. Comunicóloga de profesión, ha dedicado gran parte de su vida a conocer, estudiar y difundir el acontecer de los actores sociales en Aguascalientes y, ahora como diputada, a defender el interés colectivo para establecer un marco legal justo y fiscalizar que las instituciones de gobierno hagan su trabajo.
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