El federalismo fiscal en México ha perdido su legitimidad. No es un juicio de su servidor, es un hecho fáctico. Recientemente, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha condonado, a los estados y municipios, la deuda del pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) que percibieron del sueldo de sus trabajadores y que, además, no se sabe en qué se gastaron.
Los gobernadores de cada entidad federativa y los alcaldes, que al parecer (y con miedo lo señalo) gozan de poder absoluto, han violado las reglas del juego que legitiman su interacción con el ciudadano. De eso discutiremos hoy.
En un estado federalista como México, con el fin de absorber y responder a las necesidades y preferencias de la ciudadanía, los gobiernos estatales y municipales cuentan con un sistema de financiamiento público dentro de un marco institucional documentado en la Constitución y la Ley General de Coordinación Fiscal. Así, en teoría, se deberían consolidar las reglas formales que solidifican la interacción entre los ciudadanos y las autoridades públicas. La lógica es clara: el ciudadano contribuye y paga sus tributos, mientras la autoridad está obligada a producir bienes públicos que se adapten a sus necesidades y preferencias.
Ahora bien, existe el servicio público. En el marco institucional, los gobiernos retiran del pago del sueldo de los servidores públicos, su contribución por concepto de Impuesto Sobre la Renta. Esta es una contribución que todos los trabajadores del servicio público hacen al Gobierno Federal, y que para el caso que hoy nos convoca administran tanto las entidades y los municipios, para que esta primera instancia federal tenga la capacidad de materializar las funciones de redistribución de la riqueza y estabilización económica.
Si lo llevamos a lo real, esta resolución de la SCJN pone en crisis la legitimidad sistémica del Estado (como un todo) ante la ciudadanía. ¿Con qué cara los gobiernos estatales y municipales pedirán que sus ciudadanos (cada vez más informados) contribuyan pagando impuestos, si ellos mismos no cumplieron con las reglas del juego antes establecidas? ¿Con qué cara el Gobierno Federal le pedirá al mexicano que pague sus impuestos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) si ya quedó demostrado que los gobernadores y alcaldes gozan de privilegios que les permite seguir gastando sin una verdadera rendición de cuentas?
Dimensionemos el daño. La condonación de la deuda realizada por la SCJN asciende a más de 40 mil millones de pesos. Esto, por ejemplo, representa casi el 50 por ciento del presupuesto total del gobierno de Jalisco, el 265 por ciento del presupuesto del gobierno de Aguascalientes y el 60 por ciento del presupuesto del Gobierno de Nuevo León. ¿Cuántos bienes públicos no se pueden alcanzar con esta cantidad de recursos?
Reglas existen, se han construido. México cuenta con un diseño institucional en el cual autoridades y ciudadanos están obligados a respetar las reglas del juego. Este quiebre de legitimidad rebasa cualquier argumento formal. Tengo la convicción de que el problema es cultural. El exceso de poder que se han adjudicado los gobernadores y alcaldes, la corrupción y la poca participación ciudadana han deteriorado la legitimidad del Estado en México, la han puesto en crisis. Entonces, no basta con hacer leyes, habría que construir cultura.
Actualmente tengo la fortuna de estar en mesas de trabajo en materia tributaria y de descentralización en Chile. Los impulsos en este país es avanzar hacia una mayor descentralización de las facultades de generación de ingresos y ejercicio del gasto en las regiones y municipios. Desafortunadamente, y a pesar de mi convicción federalista, estos hechos que vulneran la institucionalidad de mi país, México, me obligarían a ser cauto, conservador y, si me llegasen a pedir una opinión, señalar que si quieren emprender este proceso, revisen y vuelvan a revisar las reglas del juego que actualmente imperan; y después, lo piensen…pero lo piensen dos veces.
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