- La falta de sanciones hace pensar que en el país no se comete tortura
- Autoridades de los 3 niveles celebraron foro internacional sobre la situación de la tortura
Por Itzel Acero y Carlos Alonso López
Marcando a Aguascalientes como entidad neutra, funcionarios federales y locales se reunieron ayer en las instalaciones de la Cava Domecq para llevar a cabo el Foro Internacional Prevención, Investigación y Sanción de la Tortura en México, en el cual se destacó su importancia para forjar los nuevos paradigmas y transformar al hombre en bien, ya que si se busca erradicar la tortura es indispensable que la ciudadanía no permanezca callada cuando la sufre o cuando la ve, cambiando esa percepción que tienen muchos de que la tortura es algo natural de la actuación policiaca.
Lía Limón García, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal, tomó la palabra para recordar que toda acción que realiza la federación va encaminada a la actualización del marco normativo para hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos y reducir este tipo de prácticas; para ello se analiza la legislación actual a fin de preparar las mejores herramientas que permitan erradicar las prácticas de maltrato y tortura al interior de las instancias públicas.
Respecto a la integración de expedientes de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por actos de tortura en el 2013, se registró una disminución del 30 por ciento comparada con el año anterior; mientras que el número de quejas contra las fuerzas armadas disminuyó en un 50 por ciento en el mismo periodo, “esto refleja el compromiso de la administración pública federal para abatir este tipo de actos que vulneran los derechos humanos de los mexicanos”.
A pesar de dichos avances, la funcionaria federal reconoció la existencia de muchos retos que debe enfrentar la autoridad y para ello requiere de trabajar en conjunto en el fortalecimiento de la sanción de este tipo de delitos, ya que si bien hoy hay avances importantes, se cuenta con muy pocas sentencias de casos de tortura culminados; “requerimos de los tres órdenes de gobierno y los poderes de la unión, cada uno desde su respectiva competencia, para la detección y erradicación del delito”, así como la reparación integral a la víctimas de tortura.
En representación del presidente de la CNDH, Andrés Aguirre Aguilar, tercer visitador de dicho organismo, aclaró que la tortura es una de las graves violaciones a los derechos humanos que constituyen a las más serias preocupaciones de la comisión, “aunque sí las estadística muestran disminuciones importantes, el asunto es que no deja de haber casos”, teniendo una absoluta responsabilidad el estado y la población de ello.
Ya que en el país la tortura es una práctica recurrente, la CNDH precisó la necesidad urgente de incrementar los esfuerzos para combatir de manera efectiva esta inaceptable práctica, siendo el combate a la impunidad la mejor vía para lograr la erradicación de la tortura.
Para el representante federal, la impunidad invita y alienta a la repetición de los delitos y a las violaciones de derechos humanos ya que vulnera el legítimo derecho de las víctimas y potencializa el peligro para los demás, dentro de los cambios necesarios se establece el lograr que se procese y se castigue realmente a los perpetuadores de la tortura y una efectiva reparación del daño a las víctimas, de ahí, la importancia de contar con una eficiente instrumentación legal contra este delito, misma que debe pasar por una urgente armonización legislativa a nivel nacional.
Ante la presencia de diputados locales, funcionarios municipales y autoridades federales, se subrayó que los graves efectos sociales de la violencia y su impunidad, trastocan los principios de legalidad y seguridad jurídica que deben regir en todo momento en el rumbo de las instituciones públicas.
Ahí mismo Angélica de la Peña, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, señaló que no todas las entidades federativas se han armonizado con la reforma de 2011: “Habremos de lograr una memoria que incida en la reflexión, en la capacitación, formación y evaluación de esta materia para garantizar la prevención, la sanción, la investigación y erradicación de la tortura”. La perredista dijo que los tres órdenes de gobierno deben asumir su parte de responsabilidad para extinguir aquello que hoy se constituye un delito, inclusive “perpetuado” en las carteleras cinematográficas.
Hizo un llamado a reconocer que “las dificultades que enfrentamos tienen mucho que ver con formas arcaicas propias de un sistema inquisitorio que justifica la persecución con violaciones a los derechos humanos… tenemos que ir a contracorriente para lograr su sanción, pero sobre todo su erradicación. De ahí que es necesario tomar en consideración la armonización de nuestra legislación”.
Apuntó que los congresos locales deberán discutir sobre la denominación del tipo penal de la tortura, a efecto de hacerlo coincidir con lo que pauta la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Añadió que en la Cámara Alta se trabaja sobre la Ley de Ejecución Penal, el diseño de un sistema de justicia para adolescentes infractores, en reformas al Código de Justicia Militar y en la revisión de la Ley General de Víctimas.
El coahuilense Rubén Moreira llegó al evento como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). De entrada destacó que en su estado hay cuando menos mil 600 personas desaparecidas: “Créanme que nunca dejarán descansar nuestra conciencia si no los encontramos, no sabemos qué pasó y no castigamos a los que los desaparecieron”.
Invitó al mandatario anfitrión, mismo que encabeza la Conago, a discutir en la próxima reunión el recién presentado Programa Nacional de Derechos Humanos. Anotó que en México hay elementos que facilitan la proliferación de la tortura. “En la sociedad requerimos la construcción de un ánimo de repudio a la tortura… a veces decimos: si sabemos que es culpable arránquenle la confesión. En la construcción de mecanismos de justicia creo que los Juicios Orales son bastante importantes, blindados contra la práctica de la tortura. Además está la construcción de herramientas de investigación que no requieran forzar a nadie para obtener alguna declaración. En esto el Ejecutivo estatal y federal tiene mucho que hacer. Si el policía no recibe esas herramientas difícilmente puede hacer su trabajo”.
Moreira apuntó que las entidades precisan un mayor número de espacios para captar la denuncia y detonar la investigación: “Es importante proteger al protector de los derechos humanos, proteger a los medios de comunicación, al periodista. Si se acalla la voz del periodista también, seguramente, se van a acallar los hechos de tortura. Es importante la sanción a la tortura. Si nos atenemos a las sanciones que hay por tortura, en este país no hay tortura, ni tendríamos que estar discutiendo nada ¿Quién está en la cárcel por haber sacado una declaración por medios no idóneos?”.
Como entidad sede del foro, Carlos Lozano de la Torre, gobernador de Aguascalientes, inauguró el foro después de casi dos horas, destacado que en el estado prevalece la certeza de que la defensa de los derechos humanos debe estar respaldada en el respeto y la aplicación justa de la ley, propiciada por las adecuadas condiciones sociales, económicas e integración comunitaria.
El ejecutivo estatal dejó en claro que la política pública en materia de seguridad pública y procuración de justicia está basada en el respeto firme a los derechos humanos, respaldada por el reconocimiento que se le hizo a los Ceresos locales por parte de la CNDH como los primeros lugares a nivel nacional por el clima de gobernabilidad y protección de las garantías individuales y derechos humanos de los internos, “recordemos que aquí se impulsa el Centro de Reinserción Social Productiva de Aguascalientes, único en el país, que su función es brindar oportunidades laborales a los internos preliberados”.
