- La multiplicidad de tipos penales no abona, señaló el senador Raúl Cervantes
- El Senado no ha decidido si la definición de tipos penales queda sólo en manos del poder federal
Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva del Senado, admitió que en las legislaciones hay huecos que retardan el combate a las prácticas de tortura que protagonizan corporaciones policiales, militares y hasta particulares.
Luego de “múltiples reflexiones”, dijo, se ha concluido que la heterogeneidad de los tipos penales aplicados por autoridades federales y locales “incentiva a que no se pueda castigar adecuadamente” este ilícito.
Mencionó que en años anteriores igual caso se presentaba con el secuestro.
“¿Lo que teníamos que hacer era federalizar el tipo penal para tener la misma descripción de conducta y las mismas penas, y por lo tanto los mismos protocolos en averiguación previa para un tema tan sensible?”
El priista señaló que tanto con el secuestro como con la tortura se agrede la dignidad humana y la víctima se convierte en un objeto de comercio.
“Hoy está en el Senado, en Comisión de Justicia, la reflexión sobre cuál sería el camino para resolver sobre un código único penal sustantivo, ya no adjetivo. Se advierten dos caminos, no nos hemos pronunciado por cual”.
La primera opción plantea una reforma constitucional para dotar, sólo al Congreso de la Unión, con la facultad de describir tipos penales. En la segunda se prevé redactar una ley general que oriente sobre las características de cada tipo penal.
“Otra es dejarle la facultad a los congresos locales para que determinen conductas específicas sobre sus realidades, partiendo del principio de la mínima intervención del estado en la punibilidad”.
Cervantes dijo que “no nos podíamos esperar a que se dé una solución integral sobre este camino de andamiaje constitucional, se tenía que responder, en el caso del secuestro, como hoy, en el caso de la tortura, de una manera pronta, donde el estado haga que la implementación de los protocolos internacionales, de los criterios más avanzados, en materia de tortura y persecución de la misma, se den con rapidez”.
Rescató que la Suprema Corte ha adoptado un criterio que influye a jueces federales y locales, los cuales deben prestar atención cuando el inculpado se declara como víctima de tortura.
Esa sola declaratoria basta para iniciar dos investigaciones autónomas. La primera para localizar y sancionar a los responsables, y la segunda para estudiar si las pruebas presentadas participan o son descartadas del proceso.
El principio de exclusión de la prueba, es complemento del debido proceso.
“El acento es en las entidades federativas, el Senado de la República tiene la obligación de entender que es la casa del federalismo, pero no como un discurso político. La casa del federalismo debe tener un contacto real y continuo, de soluciones políticas, democráticas, sociales y económicas, y en este caso fundamentales, de derechos humanos”.
Cervantes consideró que la LXII Legislatura en el Senado ha llevado la agenda de la reforma de 2011 en materia de derechos fundamentales. Dijo que el compromiso público es importante en el proceso de armonización legislativa.
“La Suprema Corte de Justicia se pronunció específicamente en el tema del arraigo, reservándolo a la materia federal y al crimen organizado… Esto corresponde a lo que hicieron el Senado de la República y la Cámara de Diputados en un Código Único de Procedimientos Penales… Todos nos hacemos cargo de lo que nos falta en el camino constante de lo que significa una realidad plena de los derechos humanos”.
Manifestó además que aplicar el sistema penal acusatorio y dejar atrás el inquisitorio es parte del cumplimiento de los estándares que ordenan los tratados internacionales.
Pie de foto: “El Senado de la República tiene la obligación de entender que es la casa del federalismo, pero no como un discurso político”
