Por: Sylvia Garfias
A veces nada el pato y a veces ni agua bebe, reza el adagio. Y es que si bien es cierto que no hay presupuesto que alcance, que los retos y desafíos son muy grandes, que si nacen muchos y mueren pocos, que si cada vez somos más porque Aguascalientes se está convirtiendo en la nueva tierra prometida y un largo etcétera, con todo y que el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Observatorio México ¿Cómo vamos? refleja que Aguascalientes creció muy por encima de la media nacional, que fue de 1.8% con un 9.8% que le mereció el primer lugar del país, también es cierto que 38% de la población de la entidad presenta una de las carencias consideradas para colocarla en el rango de pobreza multidimensional (rezago educativo, falta de acceso a servicios de salud, falta de acceso a la seguridad social, vivienda de calidad, vivienda con servicios básicos y acceso a la alimentación), de acuerdo con el Informe de la Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
A esta la realidad se suma el hecho de que 34.4% presenta pobreza moderada y 42 mil aguascalentenses se encuentran en pobreza extrema, es decir, reportan tres de las carencias o más. Esto implica que Aguascalientes hoy por hoy no ha alcanzado los objetivos del milenio establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde toda la población debe contar con los satisfactores básicos.
Estos índices cobran relevancia especial cuando las fotos de niños, ancianos o familias en situación desesperada que nos conmueven en otras latitudes del mundo, son las mismas que podemos ver en Asientos o en alguna colonia de la capital, son rostros de quien no va a la escuela, está enfermo o no tiene ingresos suficientes para pagar los servicios, donde es remoto vislumbrar opciones de desarrollo.
Para posibilitar el abatimiento de estos índices y que el presupuesto destinado a los programas sociales realmente se refleje en la reducción gradual de la brecha de necesidad-satisfacción es no solamente deseable, sino apremiante brindar a la canalización de estos recursos -vía programas sociales- un carácter equitativo y justo, para que cumplan con su objetivo.
Indudablemente, resulta tentativo encontrar en los recursos públicos un factor, no solamente para mitigar la pobreza, sino un instrumento apetecible para apalancar y dirigir voluntades con miras electorales, por lo que ante tal escenario, y frente a los cambios que se avecinan con motivo de la reforma política, es menester complementar el marco legal con instrumentos de transparencia y regulación suficientes para garantizar que los programas sociales tengan una aplicación pareja que haga “rendir” los recursos con una visión responsable y de largo plazo.
*Legisladora y periodista. Comunicóloga de profesión, ha dedicado gran parte de su vida a conocer, estudiar y difundir el acontecer de los actores sociales en Aguascalientes y, ahora como diputada, a defender el interés colectivo para establecer un marco legal justo y fiscalizar que las instituciones de gobierno hagan su trabajo.
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