La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se gestó en 1960 con el fin de conjuntar esfuerzos para impulsar el desarrollo global, se señala en su portal. Al día de hoy esta organización está conformada por 34 países. Dentro de este grupo de países, dos son de América Latina: México y Chile.
Ambos países, transitan en un proceso de discusión y consensos de cambios institucionales en materia fiscal, educacional, económica, energética, política y ambiental.
En este proceso ambos países coinciden en una diversidad de procedimientos. Todos giran en torno a recomendaciones de la OCDE y la instalación de un mismo concepto: reforma estructural.
En esta línea, el gobierno federal de México comenzó su proceso reformador desde el 01 de diciembre del 2012. La educación y las finanzas públicas abrieron el debate. Estos temas fueron alcanzando consenso con el llamado Pacto por México. Posteriormente la institucionalidad de las telecomunicaciones, la competencia económica, las transacciones financieras, la legislación laboral, el sistema político y por supuesto el tema energético fue reformada y al día de hoy este país cuenta con 11 reformas cuyo objetivo -se señala- sería transformar el país.
En el caso de Chile, el gobierno central de este país comenzó en marzo y emprendió con la discusión de la reforma al sistema tributario (discusión bastante avanzada que va al tercer trámite constitucional), se ingresó una reforma educacional (tema muy complejo que carece de consenso) y se logró avanzar en el cambio al sistema binominal (sistema heredado desde la dictadura).
La discusión en ambos países converge en la utilización de metodologías recomendadas por la OCDE. Comparativos fiscales, educacionales y de crecimiento económicos son las banderas legitimadoras de lo que cada país quiere implementar para transformar su realidad. Tanto en México como en Chile, la legitimidad de las propuestas de reformas se sustentan en análisis comparativos y, como lo señalé anteriormente, recomendaciones propias de la OCDE que llaman a emprender reformas estructurales necesarias para “alcanzar el desarrollo”.
El aumento de las tasas impositivas sin afectar la inversión, el Producto Interno Bruto (PIB), el porcentaje del gasto público respecto al PIB, el PIB por habitante, los puntajes de las pruebas estandarizadas que arroja la prueba PISA, por mencionar algunos indicadores, adquieren un papel alineador de las políticas y reformas.
Entonces se instala la reforma estructural como concepto general. A partir de todo esto, se podría anticipar que este concepto se refiere a los cambios estandarizados que requiere un país en el ámbito fiscal, económico, político, ambiental y educacional para alcanzar indicadores propios de países que se presumen como desarrollados y que por lo mismo forman parte de una organización selecta, como es caso de la OCDE.
Desde una perspectiva crítica, sostengo que la instalación de la reforma estructural como concepto despolitiza la discusión. La absorción de necesidades y preferencias reales de la ciudadanía por parte del Estado, pierden peso al momento de tomar decisiones de política pública.
Las reformas emprendidas en México y Chile son un experimento natural que en el largo plazo darán argumentos para rechazar la crítica que se plantea en este texto. Por ahora lo que resta es darle el seguimiento y la importancia que amerita. Es fundamental no olvidar que está en juego la realidad colectiva y el bienestar de la ciudadanía.
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