Nuevamente vuelve a ser tema de debate, el salario mínimo. El cuestionamiento se ha centrado, de manera continua, en dos aspectos: uno, que es el factor que mantiene la pobreza de los trabajadores al ‘justificar’ el bajo pago de salarios que hacen los empleadores a sus contratados; y, el segundo, esgrimido por los empresarios, que los aumentos salariales y los altos salarios, son causa directa de la inflación en los precios y de disminución de utilidades.
Las consecuencias de los dos aspectos se manifiestan de manera natural y entrelazada: la incapacidad del combate a la pobreza y la necesidad de mantener el funcionamiento de la economía sin inflación. El motivo de estas consecuencias está explicado en la mecánica que se le ha dado al funcionamiento de la economía de México durante las últimas décadas, cuando la autoridad ha ‘institucionalizado’ esa mecánica, con el consiguiente beneplácito del sector empresarial.
¿En qué ha consistido esa ‘mecánica salarial’? La respuesta la podemos exponer de manera sencilla: la elevación del salario es repercutida en los precios del consumo. Tan sencilla es la mecánica, que su aplicación y sostenimiento durante décadas llevó al ‘castigo de los salarios’, mientras los precios se movían al alza, no obstante que el gobierno federal de esa época manejaba la política pública del ‘control de precios’ (a través de lo que fue Economía, o Industria y Comercio, o Secretaría de Comercio, donde existía una oficina llamada Dirección General de Precios, cuya existencia se justificaba para proteger el poder adquisitivo de la clase trabajadora).
En el plano político observamos dos condicionantes para los gobiernos de aquellos tiempos: el control del sector obrero apoyado en una política paternalista, y la búsqueda del apoyo del sector empresarial. Hoy, ante el regreso de la aplicación de viejas políticas, aparece nuevamente la necesidad de revisar los criterios con los que se está manejando la fijación de salarios en la economía.
Las posiciones adoptadas en el debate actual sobre los salarios son varias: el dirigente nacional de Coparmex señala que sería perjudicial aumentar el salario mínimo por decreto, ya que dispararía la inflación (LJ, 01 agosto); el Secretario del Trabajo y Previsión Social expone que los mínimos no subirán por decreto ni consulta (LJ, 12 agosto); el economista en jefe de BBVA Bancomer afirma que en la economía mexicana existe espacio para incrementar los salarios mínimos en una proporción mayor a la inflación, sin que se afecte la generación de empleo o se genere el repunte de precios (LJ, 21 agosto); algunos sectores dicen que el aumento de salarios debe estar ligada al incremento de la productividad, y el presidente honorario de la Unión Social de Empresarios de México, USEM, calificó de sensata la propuesta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Ante los criterios económicos que se presentan, también están los criterios sociales; en éstos encontramos tanto la equidad y solidaridad, para que todas las familias puedan tener condiciones de vida digna, como la justicia, ya que son los trabajadores -se argumenta- los que generan la riqueza. En estos criterios también está presente el sentido ‘social’ de la economía, es decir, que la economía está al servicio de la sociedad, y no la sociedad al servicio de la economía.
Ante la tesis de aumentar los salarios -por justicia social-, y la antítesis de que no puede ser por decreto sino por aumento de productividad, es necesario llegar a una síntesis. Los criterios económico y social no se excluyen, ni uno desplaza al otro; resolver si se aumentan los salarios en general, independientemente de la fijación del salario mínimo -que debe ser desligado de su aplicación para otros usos tarifarios-, o no se aumentan, no debe decidirse fuera de los criterios económicos; lo que tampoco significa que los criterios sociales queden al margen.
El debate que hoy se lleva a cabo favorecerá, ciertamente, las condiciones de equidad y justicia que debe darse al salario de los trabajadores; la discusión pública sobre el salario podrá ubicar a la sociedad y su economía en una nueva línea conciencia del desarrollo, que hasta hoy no está presente del todo. La nueva visión del salario, considero, debe implicar aspectos económicos a los que hoy parece que no se les da mayor atención, o no se toman en cuenta.
Algunos de estos aspectos -que ya están siendo aplicados por empresarios- son los siguientes: un trabajador con un salario digno, se convierte en un activo dinámico en la empresa, que se conjunta al interés del empresario para que la producción se eleve (se desecha aquel dicho de que ‘primero se crea la riqueza, y luego se distribuye’); el salario, cualquiera que sea su cantidad, finalmente, va al mercado por la vía del consumo; el incremento en la derrama salarial regresa -vía el consumo- a la empresa (a mayor salario mayor consumo, se eleva la velocidad de la circulación del dinero, y también eleva la cantidad del factor utilidad del inversionista).
El elemento de la sustentabilidad de la empresa sigue vigente, no se puede dejar de lado; un buen salario se genera, únicamente, en una buena empresa, y no existe utilidad sin una eficiente administración empresarial. La diferencia, por lo tanto, se encuentra en la visión y mentalidad del empresario, que, a su vez, debe estar acompañada también con una adecuada visión y mentalidad del gobierno y de los trabajadores.
La creencia de que las utilidades disminuyen con los altos salarios, está ligada a una etapa económica ya superada; la nueva economía, enmarcada en la creciente globalización y socialización, indica que las condiciones laborales están evolucionando, y la mano de obra está siendo manejada con características que se asocian cada vez menos con las condiciones de pobreza de los trabajadores. Desde luego que es fundamental la actitud de los gobiernos; si prosperan importantes reformas legislativas, también podrán prosperar cambios de mentalidad en las visiones salariales.
